Una encuesta realizada en la Ciudad a personas que alquilan mostró que más de la mitad de los encuestados destina entre el 40% y el 60% de su salario para pagar la renta, el 93% desconoce el Colegio que regula la actividad inmobiliaria y un 82% sostiene que los problemas que padecen como inquilinos son responsabilidad del Gobierno porteño.
El relevamiento on line, lanzado en noviembre de 2014 por el diputado porteño Fernando Muñoz, abarcó la opinión de 2.000 inquilinos para recabar información que permita sustentar propuestas legislativas.
Los consultados en la «Primera encuesta de inquilinos de la ciudad» ubicaron en el primer lugar de los principales inconvenientes para rentar una propiedad las comisiones que cobran las inmobiliarias (58%), seguidos por el monto del alquiler (54%) y las garantías que se exigen para firmar el contrato (50%).
Por otro lado, el 70 por ciento los encuestados consideró que no podrá acceder nunca a una vivienda propia, el 19 dijo que quizás lo logre y sólo el 11 por ciento consideró que algún día podrá ser dueño de su casa.
En relación al precio de los alquileres, el 26 por ciento dijo que le insume el 30 por ciento de su sueldo; el 25 destina el 40 por ciento, otro 22 emplea la mitad y el 9 por ciento utiliza el 60 por ciento de sus ingresos en ese rubro.
Asimismo, el 68 por ciento de los relevados afirmó desconocer la actual ley de alquileres y sólo un 7 por ciento está al tanto de que un Colegio regula la actividad de las inmobiliarias de la Ciudad.
Y el 82 por ciento de los encuestados consideró que la problemática de los inquilinos es una responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y mencionó tres posibles soluciones: la creación de una oficina pública que regule los contratos, regulando a las inmobiliarias y reformando la ley de alquileres.
Para Muñoz, «la creación de la Defensoría del Inquilino es el primer paso para cambiar las condiciones del 30 por ciento de los habitantes de la ciudad que alquilan, pero para cambiar la situación de fondo es necesario que el gobierno porteño tome medidas que hagan más justa la relación entre el inquilino y las inmobiliarias».
«Nuestra propuesta es extender a tres años los contratos de alquiler, compartir la comisión inmobiliaria con el dueño y que el Estado controle la aplicación de las leyes”, manifestó Muñoz.