El 21 de julio salió publicada en el boletín oficial la reglamentación de la ley 26.688 a poco de cumplirse los tres años de su promulgación. La ley declara de “interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos entendiendo a los mismos como bienes sociales”. Entre otros puntos, el decreto reglamentario establece que “la programación de la producción pública estará orientada a elaborar medicamentos que respondan a las necesidades epidemiológicas de nuestro país teniendo como marco de referencia la propuesta de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. Para esto, contempla realizar cada dos años como máximo “el correspondiente relevamiento para actualizar la demanda de medicamentos de la población y si correspondiere, reorientar la investigación y el desarrollo del sistema de producción pública”.
Los especialistas en la materia aseguran que fue debido a las presiones de los grandes laboratorios privados que se demoró la reglamentación. Para la industria farmaceútica no se trata de “bienes sociales” sino de mercancías sujetas al libre juego de la oferta y la demanda. La reglamentación se produjo en un momento de plena disputa del gobierno nacional con los laboratorios privados por los precios de los medicamentos. En el mes de junio, desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio, les habían ordenado retrotraer los precios al 7 de mayo último, con la prohibición de no aumentarlos por 60 días, después de que los laboratorios incumplieran un acuerdo suscripto el 15 de junio.
Por otra parte, el 8 de julio, se reunieron representantes de varios laboratorios de producción pública de medicamentos y diputados de la comisión de Acción social y salud pública de la Cámara de Diputados. El eje de la reunión fue un proyecto presentado por la diputada Carolina Gaillard que establece la creación de una agencia nacional de laboratorios públicos. El proyecto tiene varios objetivos, entre ellos establecer “precios testigos” o de referencia para conocer la estructura de costos de los medicamentos, que hoy no se conoce. Esto es alarmante ya que es imposible para el gobierno discutir precios si no sabe cuánto le cuesta realmente a un laboratorio privado fabricar un medicamento. “Producir desde lo público es una de las maneras del Estado de intervenir en ese mercado”, aseguró el Ing. Carlos Arque, director del Laboratorio Industrial Farmaceútico de Santa Fe (LIF SE).
La diputada Gaillard destacó además que la agencia no sólo apunta a la producción de medicamentos “huérfanos” (aquellos por los que la industria no tiene interés por no ser rentables) sino a coordinar el trabajo de todos los laboratorios. Este proyecto permitiría institucionalizar el trabajo que desde hace mucho vienen realizando los 39 laboratorios públicos de producción de medicamentos que existen en el país.
“Una vez que los ciudadanos se empoderen de esto, no habrá forma de cambiarlo”, sostuvo el ex Ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, el dr. Miguel Cappiello. Para comprender el poder que tiene la industria y los intereses que se ponen en juego con la producción pública, el Dr. Cappiello comentó que “de las 10 empresas más poderosas, de las que más facturan a nivel mundial, 6 son farmacéuticas”. Por eso es muy importante, el papel del Estado en el diseño de políticas de producción de medicamentos, promoviendo una articulación entre las provincias y también a escala regional. El Dr. Rachid, comentaba en el programa de La Posta Sanitaria* sobre un proyecto que se presentó en la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) para producir medicamentos para los 450 millones de latinoamericanos.
Estos son avances muy importantes y necesarios para hacer frente a la poderosa industria farmaceútica. Son proyectos que deber ser desarollados e implementados por los distintos gobiernos, y dependerá también de la fuerza de los pueblos el sostener estas medidas comprendiendo que es su derecho una salud gratuita y de calidad.
Mejor que cerrar, es desgastar
Los cuatro quirófanos tuvieron que ser cerrados por graves descargas eléctricas que ocasionaron lesiones en algunos médicos. Ante esta situación, los trabajadores del Hospital hacen responsables a las autoridades por ocultar la situación y no garantizar la correcta evacuación de los pacientes.
El macrismo de a poco va dilucidando las maneras más efectivas de privatizar la salud pública. Se han dado cuenta del revuelo político social que se arma cada vez que cierran algún servicio, o cuando han intentado cerrar hospitales. Por este motivo, es que continuamente acuden a otras estrategias que persiguen el mismo fin. Cerrar servicios en los hospitales de la ciudad y tercerizar la atención de esos pacientes en sanatorios privados. Una de las armas que utilizan, es el desgaste.
Pero este concepto no se limita a los recursos humanos, solamente, sino al desgaste de las instalaciones edilicias, eléctricas y del tejido de gas. Esta nueva estrategia del gobierno de la Ciudad, es la que están sufriendo actualmente los 4 quirófanos del Hospital Tornú. Uno de los detonantes, fue que dos médicos se quemaron las manos (mientras preparaban una operación) por una corriente eléctrica, debido a una falla en el transformador del edificio. El servicio se cerró, por la falla reiterada de la corriente en los quirófanos. Desde la Agrupación Renovar y Participar (Tornú), manifiestan que:
“Son innumerables las reparaciones que ha sufrido a lo largo de estos años el Pabellón Torello (Cirugía), no entendemos como se llegó a esta situación que obliga al cierre del mismo…
Este es otro lamentable ejemplo de lo dañino que son los arreglos cosméticos, que se deterioran rápidamente y no deben ser admitidos como solución, más aun cuando de nuestros hospitales públicos se trata”.
Como sí todo esto fuera poco, el SAME no se está encargando de derivar las cirugías programadas ni el traslado de pacientes.