El presidente del bloque de legisladores porteños del Frente para la Victoria (FpV), Carlos Tomada, expresó hoy que «aún quedan muchos aspectos centrales por conocer», sobre el convenio por el cual se traspasará parte de los efectivos de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, y abogó por que el tema «tenga su adecuado espacio de debate en la Legislatura porteña».
De esta manera, a través de un comunicado de prensa, el bloque de legisladores del FpV aseguró que sobre la noticia anunciada hoy, «quedan muchos aspectos centrales por conocer», como por ejemplo «cómo y cuándo se hará el proceso de compatibilización de las condiciones de trabajo del personal (escalafones, rangos, remuneraciones, régimen disciplinario, de licencias, etc.), y de qué forma se financiará el traspaso y el posterior funcionamiento de las fuerzas».
También «si la eventual integración de las dos policías respetará la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires consensuada por todas las fuerza políticas».
Asimismo manifestaron que esperan que «un tema tan sensible e importante como la seguridad tenga su adecuado espacio de debate en la Legislatura porteña».
En esa línea, destacaron que harán «todos los esfuerzos necesarios para que este traspaso se traduzca en más y mejor seguridad democrática para la Ciudad de Buenos Aires».
El traspaso
Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron esta mañana el convenio por el cual se traspasará parte de los efectivos de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la que el jefe de Estado reafirmó que el gobierno nacional dará «batalla» para “derrotar al narcotráfico”.
Al hablar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el Jefe de Estado señaló que con esta decisión «estamos dando comienzo a una nueva etapa que busca construir soluciones concretas para que la gente viva mejor».
Macri aclaró que el traspaso «no va a ser de un día para el otro», y señaló que «hay un compromiso que tiene que asumir el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como también lo está asumiendo nuestra Ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) y su equipo, de volver a tener estadísticas públicas claras de cuál es el mapa del delito para que mes a mes no tengamos que andar confiando en las sensaciones de seguridad o inseguridad, como hemos vivido sufriendo los discursos durante la última década».
«Esta Ciudad tiene que volver a ser una de las más seguras del mundo y la Argentina tiene que volver a ser un lugar donde realmente volvamos a vivir con tranquilidad», enfatizó.
En ese sentido, Macri insistió que «el gran desafío que hemos asumido es la lucha contra el narcotráfico que es un problema que afecta a todos los argentinos y la única manera de enfrentarlo es mejorar la institucionalidad en nuestro país».
Macri aprovechó la oportunidad y envió un mensaje a todos los integrantes de las Fuerzas de Seguridad del país, y hoy especialmente a los miembros de la Policía Federal y la Metropolitana: «valoramos mucho la tarea que llevan a cabo todos los días» y «queremos que sientan nuestro apoyo».
Extraordinarias en la Legislatura porteña
Por su parte, Rodríguez Larreta, afirmó que el traspaso de parte de los efectivos de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires «es un paso muy importante» ya que «va a ir mejorando un poquito cada día la seguridad» de la gente y remarcó que «la inseguridad es posiblemente la principal preocupación en la Ciudad».
«Era un paso muy importante que la Ciudad maneje su propia policía», dijo el jefe de Gobierno porteño y añadió que es «un camino que va a ser largo» y que «acá no hay soluciones mágicas», aunque insistió que «este primer paso es fundamental”.
Rodríguez Larreta dijo que “cumplimos el compromiso del Presidente en campaña” y que resaltó que «es un paso muy importante que la Ciudad maneje su propia policía” que contará con un mayor tecnología y equipamiento, junto a un proceso de reentrenamiento, para “recuperar el orgullo de nuestras fuerzas de seguridad».
Tras la firma del convenio y en diálogo con la prensa, la ministra Bullrich dijo que el Gobierno está «trabajando con las provincias terminando de diseñar un plan conjunto en materia de lucha contra el narcotráfico» y subrayó «esta vez va en serio y vamos a fondo».
Confirmó además que están diseñando «un paquete de leyes penales para mejorar la seguridad a nivel nacional como complemento para profundizar las penas, que contemple la flagrancia y la extinción de dominio. Queremos evitar lo que se denomina en la jerga judicial puertas giratorias».
El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció también que convocará a sesiones extraordinarias de la Legislatura «en dos semanas a más tardar» para que se apruebe el acuerdo con la Nación por el traspaso de la Policía Federal y dijo que «ya está en conversaciones» con el Ministerio de Justicia nacional para el traslado «de varios fueros» a la órbita de la Ciudad.
Larreta afirmó que las «prioridades» para este año serán el traspaso de los efectivos de la Federal, de los fueros judiciales y de los terrenos fiscales federales, y que para más largo plazo se dejarán otras transferencias de competencias que él había propuesto en campaña, como los servicios de transporte de colectivos o de energía.
«Siento que hay una oportunidad importante de mejorar, aunque no hay soluciones mágicas», consideró, y admitió que «hay muchos temas sensibles, como el de los talleres clandestinos, y nos pasaremos a ocupar de todos ellos».
Consultado sobre las tareas de prevención y control del trabajo esclavo y la trata de personas en los talleres clandestinos, señaló que se va a «trabajar muy en sintonía con la Justicia» y dio como ejemplo que «todas las comisarías de la Policía Metropolitana tienen una fiscalía incorporada», y dijo que aunque en algunos casos el delito «sea federal no significa que no se pueda colaborar».
El jefe de Gobierno explicitó que «el proceso de convergencia durará aproximadamente un año, aunque no esté 100% terminado en el año pero sí muy avanzado» y que durante 2016 «habrá dos fuerzas policiales con dos jefes distintos que responderán a un mismo poder político», y que coexistirán la jefatura de Guillermo Calviño en la Federal y de Horacio Giménez en la Metropolitana.
Con respecto al tema de las condiciones laborales, Larreta prometió que «nadie va a perder derechos en términos salariales ni de cobertura de salud» pero explicó que en promedio los efectivos de la Metropolitana ganan apenas un poco más que los de la Federal (según se cuenten o no las horas extras).
«Habrá convergencia también en los sistemas escalafonarios. Pero además de eso, la convergencia tecnológica es muy fuerte, porque hay que unificar el sistema de cámaras, de base de datos», entre otros, señaló, y especificó que a los más de 20.000 miembros federales que se traspasarán se sumarán parte de los bomberos, excepto los asignados a los aeropuertos y la Casa Rosada.
«Toda la seguridad pasa a la Ciudad excepto lo que es la custodia del gobierno federal», remarcó, y en el caso particular de la Plaza de Mayo, centro tradicional de manifestaciones masivas, consideró que quedará en la órbita federal por estar frente a la Casa Rosada y al espectro perimetral de muchos ministerios nacionales.
Además, Larreta dijo que «ya existen conversaciones con el ministro (de Justicia de la Nación) Germán Garavano para el traspaso de algunos fueros, como el penal», y que también busca acelerar el traslado de «todos los terrenos en desuso, no asociados a un servicio público», entre los que se contempla la Villa 31 y el Playón de Fraga (Chacarita).
Alrededor de la tercera semana de enero, el Ejecutivo de la Ciudad espera tener en funciones la Legislatura para aprobar el acuerdo de traspaso (se convierte en efectivo recién cuando es aprobado), y Larreta dijo esperar que «todos los bloques lo acompañen», y recordó que por esta transferencia «la Ciudad no pierde ni gana un sólo peso».
En la arena política, Larreta auguró que con los legisladores de ECO, «en el marco de lo que es Cambiemos, se podrá dialogar con fluidez», reiteró su «respeto personal» por Martín Lousteau (con quien compitió en el balotaje) y dijo que va a «volver a llamar a (Mariano) Recalde, porque no vino a la convocatoria por un tema que nada tenía que ver con la Ciudad», en alusión a la negativa del ex candidato kirchnerista a jefe de Gobierno, quien desistió de la invitación a conversar con el jefe de Gobierno por el decreto presidencial de intervención a la AFSCA.
La larga deuda
El traspaso de efectivos de la Policía Federal al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, salda un viejo conflicto entre ciudad y Nación y viene a cumplir la ley 26.288 sancionada en setiembre del 2007, que modificó el artículo 7 de la denominada «Ley Cafiero».
Según esa ley, era el gobierno nacional el encargado de la seguridad en la Ciudad en tanto sea capital de la República.
La normativa estableció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercería las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales y el gobierno nacional las seguiría ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Ejecutivo porteño.
Según preveía la norma, el traspaso de funciones se realizaría junto con los convenios correspondientes para la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes, pero -hasta el día de hoy- nunca se pudo concretar por diferencias entre las fuerzas de distinto signo político que gobernaron la ciudad de Buenos Aires y la Nación. Sobre todo por la férrea resistencia que siempro opuso la Fuerza Federal al traspaso, pues consideran que el ámbito citadino complica su jerarquias.
En setiembre de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner habilitó -por medio de un decreto- el traspaso, pero sin los fondos necesarios para sustentarlo. Ante situación, y tras una fuerte disputa en la Legislatura porteña, Macri decidió crear en 2008 la Policía Metropolitana.
El mismo reclamo lo habían sostenido sus antecesores en la ciudad, Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra, pero también sin que pudiera concretarse efectivamente.
Poco después de sancionada la ley, en diciembre de 1997, el entonces jefe de gobierno porteño De la Rúa y el ministro del Interior de Carlos Menem, Carlos Corach, habían anunciado con bombos y platillos el traspaso, como una medida para enfrentar la ola de inseguridad que se abatía entonces sobre los porteños, pero finalmente la intención naufragó.