El legislador porteño Marcelo Ramal (Frente de Izquierda) denunció que «el Estado dejó funcionar una asociación ilícita entre los organizadores de la fiesta y los proveedores de droga», al referirse al festival electrónico en Costa Salguero donde murieron cinco jóvenes por el consumo de drogas y adelantó que pidió la interpelación de varios funcionarios porteños.
«Quedó claro que no existía ningún tipo de control sobre la disposición de agua gratuita, por lo que el Estado dejó funcionar una asociación ilícita entre los organizadores de la fiesta y los proveedores de droga», indicó el dirigente en declaraciones a radio Del Plata.
«Si dejás actuar a los dealers y luego los que manejan el salón cierran los grifos y hacen escasear el agua para hacer un negocio, es indudable que están combinados, y la tercera pata de esta asociación ilícita es el propio Estado», añadió.
Ramal reiteró que el gobierno porteño «fue un tercer cómplice en lo que ocurrió» ya que, según su visión, «armaron una verdadera zona liberada».
El director de la Agencia Gubernamental de Control, Martín Álvarez Dorrego, fue ayer a la Legislatura porteña y afirmó que su dependencia «cumplió con los requisitos normativos» necesarios para dar el permiso para la realización del festival Time Warp.
Sin embargo, para Ramal la presencia del funcionario «no aportó ninguna respuesta o las pocas que trajo agravó más las cosas».
«Por ejemplo nos enteramos que el número de asistentes a la fiesta fue controlado por el Gobierno simplemente por una declaración jurada de los propios organizadores de la fiesta: ellos enviaron una suerte de documento que dice que había 10 mil personas cuando había capacidad para 13 mil, pero los testigos que fueron a declarar a la fiscalía hablan de un hacinamiento y de un calor insoportable», explicó.
En ese marco, el legislador manifestó que volvió a pedir la interpelación de Álvarez Dorrego, además de la del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y del director de Concesiones de la Ciudad, Emilio Eduardo Dojas.
«Estamos reclamando que haya una sesión especial y que vengan varios funcionarios para que expliquen de qué manera ingresaron masivamente los vendedores de drogas y el hacinamiento”, comentó.
«Quedó claro que no existía ningún tipo de control sobre la disposición de agua gratuita, por lo que el Estado dejó funcionar una asociación ilícita entre los organizadores de la fiesta y los proveedores de droga», indicó el dirigente en declaraciones a radio Del Plata.
«Si dejás actuar a los dealers y luego los que manejan el salón cierran los grifos y hacen escasear el agua para hacer un negocio, es indudable que están combinados, y la tercera pata de esta asociación ilícita es el propio Estado», añadió.
Ramal reiteró que el gobierno porteño «fue un tercer cómplice en lo que ocurrió» ya que, según su visión, «armaron una verdadera zona liberada».
El director de la Agencia Gubernamental de Control, Martín Álvarez Dorrego, fue ayer a la Legislatura porteña y afirmó que su dependencia «cumplió con los requisitos normativos» necesarios para dar el permiso para la realización del festival Time Warp.
Sin embargo, para Ramal la presencia del funcionario «no aportó ninguna respuesta o las pocas que trajo agravó más las cosas».
«Por ejemplo nos enteramos que el número de asistentes a la fiesta fue controlado por el Gobierno simplemente por una declaración jurada de los propios organizadores de la fiesta: ellos enviaron una suerte de documento que dice que había 10 mil personas cuando había capacidad para 13 mil, pero los testigos que fueron a declarar a la fiscalía hablan de un hacinamiento y de un calor insoportable», explicó.
En ese marco, el legislador manifestó que volvió a pedir la interpelación de Álvarez Dorrego, además de la del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y del director de Concesiones de la Ciudad, Emilio Eduardo Dojas.
«Estamos reclamando que haya una sesión especial y que vengan varios funcionarios para que expliquen de qué manera ingresaron masivamente los vendedores de drogas y el hacinamiento”, comentó.