La última sesión del año de la Legislatura porteña, que se celebró días antes que Horacio Rodríguez Larreta asuma su segundo mandato como Jefe de Gobierno de la Ciudad, fue tan escandalosa que rozó lo obsceno.
El jueves 5 de diciembre, un descomunal despliegue de seguridad en las inmediaciones del palacio legislativo, garantizó la aprobación de leyes que, en desmedro del patrimonio ciudadano, benefician la especulación inmobiliaria. En las 12 horas que se extendió la sesión de la Legislatura, se trataron proyectos que, por razones electorales, no era conveniente que vieran la luz antes de los comicios.
El Presupuesto de gastos y recursos 2020 y las modificaciones a la Ley Tributaria, que permitirán que los servicios, tasa y contribuciones de incrementen al ritmo inflacionario, son dos de ellos. También lo son la modificación del Código Contravencional y la licitación pública para colocar parquímetros en toda la Ciudad. Sin embargo, las iniciativas que más escandalizaron a la opinión pública fue la desproporcionada cantidad de tierras o inmuebles desafectados del dominio público y puestos a la venta. El número es alarmante, alcanza a 50 propiedades, algunas de las cuales con varias unidades funcionales.
Horacio Rodríguez Larreta, giró estas iniciativas a la Legislatura porteña al culminar su primer mandato, y a pocos días de finalizar el año legislativo. Algunas de ellas tuvieron tratamiento exprés en la Comisión de Presupuesto, otras ingresaron al recinto el mismo 5 de diciembre, sin pasar por comisión alguna, y fueron aprobados a la fuerza, en virtud de la mayoría automática que ostentó el oficialismo hasta ese día. Nada más alejado del civismo democrático y la voluntad de diálogo que pregona el titular del Ejecutivo.
Solo dos propiedades lograron zafar de este desguace. La presión de los vecinos y vecinas de Caballito impidió la puesta en venta del playón ferroviarios de Caballito. En tanto que sectores afines a Cambiemos frenaron la rezonificación de las ocho hectáreas de la Policía Montada en Palermo. Incluso el diario La Nación, criticó la iniciativa.
Lo cierto es que no hay forma de reponer estos activos. Cada hectárea que se vende significa una escuela, un hospital, una plaza, menos para la Ciudad. Según un estudio del Observatorio de Derecho a la Ciudad (ODC) y de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FADU, en su primer mandato Larreta vendió 267 hectáreas de tierra pública porteña. En cuatro años el titular del Ejecutivo privatizó la misma cantidad de tierras que Macri en ocho. Según este informe, durante sus dos mandatos, Macri enajenó 205,8 hectáreas (72 hectáreas en ventas y 133,6 en concesiones y permisos), en tanto que Horacio Rodríguez Larreta, en un solo período, ejecutó 267 hectáreas (82,34 hectáreas en venta y 143,31 en concesiones y permisos). Entre los dos, vendieron o concesionaron 473 hectáreas: el equivalente a 236 Plazas de Mayo, es decir, cuatro veces la zona completa de Puerto Madero.
«Desde 2008 venimos advirtiendo del plan sistemático de privatización de tierras públicas del PRO. Ya entonces, las comisiones de las Legislatura solo funcionaban para el remate o la aprobación de este tipo de leyes que buscan privatizar tierras. Muchas otras comisiones, como la de vivienda, estaban completamente paralizadas. Desde allí advertimos una orientación estatal destinada a favorecer y preparar la venta en la Ciudad”, dice Jonatan Baldiviezo, presidente del ODC.
El episodio más obsceno se dio alrededor de las 10 de la noche. Cuando, sin previo tratamiento en Comisión, el Ejecutivo porteño, ingresó al recinto la iniciativa para vender Costa Salguero y el predio de Punta Carrasco . A oficialistas y aliados le bastaron cinco minutos para estudiar el proyecto, lo votaron de inmediato. Lo cierto es que el 30 de abril de 2020 el Estado porteño tenía la oportunidad de recuperar estos terrenos, pues ese día vencía la concesión de los mismos. Obviamente, Larreta no puede permitirse tamaña perfidia: Nada del Estado debe permanecer en el Estado.
Paula Villalba (Vamos Juntos), presidenta de la Comisión de Presupuesto, argumentá que la venta de este territorio servirá para “llevar adelante una política de austeridad respecto al patrimonio inmobiliario de la Ciudad, a fin de evitar erogaciones innecesarias y en pos de generar fuentes de financiamiento que no comprometan el presupuesto corriente ni aumentar la carga impositiva de los contribuyentes”.
Durante el debate la diputada Marta Martínez (AyL) afirmó que “se deciden privatizaciones que le dan la espalda al interés público”. Consideró que la Ciudad “trabaja para quienes han adquirido tierras” y “cada vez que se desafecta un bien público, es para hacer negocio inmobiliario”. Además, alertó que “en el terreno de Virrey Avilés, que fue donado para hacer una escuela, lo recaudado se destinará para comprar útiles escolares”, entre otras consideraciones.
Por su parte, Laura Marrone (FIT) sostuvo que “en estos remates se argumenta que los bienes van a ir para la Villa 31” y agregó que no es cierto, que “se hace para financiar Escuelas”, y analizó el destino de las más de 450 hectáreas enajenadas en los últimos 12 años. “Estos proyectos que se han presentado en estos últimos diez días son una verdadera estafa”, enfatizó.
El integrante de la primera minoría Carlos Tomada (UC) consideró que “estos proyectos son una falta de respeto”, ya que “es un texto banal y liviano”. “Este es un día en el que la Ciudad sufre una verdadera descapitalización, a pesar de los esfuerzos que demuestre lo contrario”. Afirmó que el destino de los fondos “no puede ser evaluado, ya que debemos confiar en la buena voluntad del Gobierno porteño, a la hora de manejar esos recursos”.
La propuesta del Ejecutivo se materializó mediante dos proyectos de ley -uno para enajenar los inmuebles pertenecientes al Dominio Privado de la Ciudad y otro a fin de desafectar del dominio público y enajenar a inmuebles de titularidad de la Ciudad-, fue aprobado por 42 votos afirmativos del oficialismo con sus aliados y 14 negativos.
Otro episodio obsceno que se vivió durante la última sesión parlamentaria del año, fue la aceptación de la transferencia de tierras de Nación a Ciudad y su inmediata puesta en venta. La iniciativa ingresada a último momento al recinto, sin estudio ni tratamiento en comisión, responde a dos convenios celebrados entre el Estado Nacional y la Ciudad, que tienen como finalidad el financiamiento de los viaductos de los ferrocarriles Mitre y San Martín.
Resulta que días de dejar el mandato, Mauricio Macri transfirió a Larreta, una serie de inmuebles para que sean liquidados y financiar así, las obras ferroviarias que llevará a cabo nada menos que la la firma Autopistas Urbanas S.A.