Hoy la Justicia porteña condenó a 13 años de prisión a los dos capataces del taller clandestino del barrio de Caballito. El taller que funcionaba en la calle Luis Viale 1269, se incendió en 2006 y provocó la muerte de seis personas -cinco de ellos menores de edad-. El Tribunal ordenó también que se investigue a los dueños de las marcas de ropa y a policías e inspectores que habían ido al lugar antes de la tragedia. Además, intruyó al Juzgado 27 para que investigue «la participación de los dueños del inmueble», Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, quienes además eran propietarios de las marcas que compraban la totalidad de la producción del taller y eran los proveedores de la materia prima.
Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, deberán pasar 13 años en prisión por los delitos de «reducción a servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte» . Los jueces resolvieron, también, abrir una nueva causa para investigar las actuaciones de «efectivos de la Policía Federal y de inspectores que se habían presentado en Luis Viale 1269/1261».
Desde las 8.30, organizaciones sociales y de la colectividad boliviana -de donde eran las víctimas- acompañaron la jornada del juicio oral que comenzó el 18 de abril, tras diez años de litigio en el que la causa estuvo dos veces por prescribir.
El incendio ocurrió el 30 de marzo de 2006, cuando un cable de un televisor prendió el fuego que rápidamente se propagó por todo el edificio y provocó la muerte de Juana Vilca (de 25 años y embarazada), Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3).
«Estamos conformes con el fallo, uno no puede estar contento, por el dolor que todo esto implica. Pero es un fallo que sienta precedentes porque ha pedido que se investigue a los dueños de las marcas. En relación a la policía y los inspectores, va a ser más difícil porque ya hubo una investigación, mala, pero ya se hizo, así que habrá que presentarse como querellante e impulsar», explicó Myriam Carsen, abogada de la querella.
Por su parte, Luis Fernando Rodríguez Palma, papá de Harry Rodríguez, también remarcó la importancia de que se haya ordenado investigar a Fischberg y Geiler.
«Las condenas siempre eran a los talleristas y la mayor ganancia se la llevan las marcas. Cuando nos venían los jeans para arreglar veíamos en la etiqueta que se vendían a 150 o 200 pesos, mientras que a nosotros nos pagaban 0,50 o 0,70 centavos por prenda», indicó.
Al hacer un repaso sobre estos diez años, Luis aseguró que «fueron muy duros y de mucha soledad, de no poder decirle a mi hijo mayor, que hoy tiene 16 años, se ha hecho justicia por tu hermanito».
Luis, su esposa Sara y la organización Simbiosis Cultural fueron los únicos impulsores de la causa penal y responsables de que el tema no haya quedado en el olvido ya que, según comentó el padre de Harry, “el resto de los familiares de las víctimas no hicieron nada porque eran familiares también de Sillerico”.
«Mientras leían el veredicto, recordaba cuando años atrás estábamos cuatro o cinco personas solas haciendo un escrache, pintando el mural en la puerta del taller. Hoy vemos tanta gente involucrada en la problemática y pensamos, esperamos que no haya sido en vano», señaló por su parte Juan Vázquez, de Simbiosis Cultural.
«Es importante que se difunda el fallo, que las personas se enteren, porque nadie quiere trabajar en esas condiciones. Sólo que no tienes opciones, llegas a un país que no conoces, muchas veces te retienen los documentos, o simplemente no te pagan, y entonces no tienes cómo irte y piensas que allí por lo menos te dan comida y un techo», sostuvo Luis.
En el mismo sentido, José Alberto Gonzáles Samaniego, presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y ex Cónsul en Argentina, sostuvo que «seguramente en este momento nos está viendo en la televisión de algún taller una persona que está siendo sometida a estas condiciones de trabajo, pero este juicio sienta un precedente para que las víctimas se animen a denunciar».
Y continuó: «Pero también es un mensaje para aquellos que traen engañados a personas desde Bolivia, para que sepan que también pueden quedar presos».
Gonzáles Samaniego aseguró que «para el Estado Plurinacional de Bolivia, este juicio no fue el objetivo final sino sólo una etapa del proceso de justicia», y aseveró que «insistirán en la necesidad de seguir hasta los dueños de las marcas».
En el taller de Luis Viale 1269 vivían 67 personas que compartían un sólo baño, donde sólo había agua fría. «Trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta la media noche. La cocina estaba en el mismo piso del taller, arriba dormíamos en ‘habitaciones’ hechas con retazos de tela donde apenas entraban las camas», recordó Luis.
«Nosotros veíamos que venía la policía e inspectores, pero arreglaban todo en la oficina, por plata o por prendas, y allá se iban y nosotros nos quedábamos igual. Entonces uno pensaba: ‘¿dónde voy a denunciar si es que están todos arreglados?'», continuó.
En tanto Lourdes Hidalgo, costurera y sobreviviente del incendio, señaló: «No puedo alegrarme hoy. Quienes hemos sobrevividos quedamos con una cicatriz que no podrá sanarse nunca y nadie devolverá la vida de los que no están».
No obstante, se mostró conforme con que se haya ordenado investigar a los dueños de las marcas, a lo que calificó como los «verdaderos responsables» y a la policía e inspectores, a quienes acusó de «cómplices».
El tribunal informó que la lectura de completa del fallo se realizará el 28 de junio a las 13.
Esclavitud contínua
Ayer, 20 de junio, 18 personas, la mayoría de nacionalidad boliviana, fueron halladas trabajando en condiciones de esclavitud durante una inspección de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a seis talleres textiles ubicados en Villa Luro y Mataderos.
El procedimiento de la AFIP encontró a 24 trabajadores no registrados en esos talleres y a 18 de ellos viviendo en los mismos lugares donde realizaban sus jornadas laborales, y en deplorables condiciones de seguridad e higiene.
El operativo que llevó adelante la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de AFIP dejó constancia que los trabajadores confeccionaban buzos y remeras para la marca Rip Curl, y jeans para diferentes firmas durante una jornada laboral que superaba las 8 horas.
Según el informe de AFIP, los talleres tampoco contaban con medidas de seguridad por lo que los trabajadores estaban expuestos a posibles accidentes eléctricos o de gas, ya que las instalaciones no cumplían con las normas establecidas.
Dado que en uno de los establecimientos la AFIP detectó personas indocumentadas, se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones.