por Mariana Menzulio
En 1977, a seis meses de que un grupo de madres comenzara a dar vueltas todos los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, doce mujeres decidieron, un 22 de octubre, buscar a los hijos robados a sus hijos secuestrados por la dictadura cívico-militar.
Originalmente se identificaron como «Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos», pero la historia y el pueblo las bautizaron «Abuelas de Plaza de Mayo».
Raquel Radío de Marizcurrena, Clara Jurado, María Eugenia Cassinelli de García Iruretagoyena, Celia Giovanola de Califano, Haydée Vallino de Lemos, Alicia «Licha» Zubasnabar de De la Cuadra, Leontina Puebla de Pérez, Beatriz Aicardi de Neuhaus, Eva Márquez de Castillo Barrios, María Isabel «Chicha» Chorobik de Mariani, Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez y Mirta Acuña de Baravelle fueron las doce madres-abuelas que iniciaron la tarea que hasta hoy permitió recuperar 128 nietos y nietas.
El Estado argentino tardó 28 años en reconocer el trabajo de las Abuelas. En 2005 promulgó la ley 26.001 sancionada por el Congreso Nacional en diciembre de 2004, que establece el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad.
La Justicia tardó 35 años en reconocer formalmente la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebés a mujeres secuestradas durante la última dictadura.
El 5 de julio de 2012 se condenó a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al ex dictador Jorge Rafael Videla, y aplicar severas penas de hasta 40 años a otros represores.
El Tribunal Oral Federal 6 de esta Capital condenó además en la misma causa a 30 años de prisión al ex marino Jorge «Tigre» Acosta, responsable operativo del centro clandestino de detenciones que funcionó en la ESMA durante la dictadura, y a 15 años al ex dictador Reynaldo Bignone, último presidente de facto.
La causa la habían iniciado las Abuelas hace dieciséis años y al leer el fallo, la jueza María del Carmen Roqueta dejó expresamente sentado que para el tribunal cada uno de los 36 casos que se ventilaron en ese juicio constituyen “parte integrante de un Plan sistemático de robo de bebés” desarrollado durante el período del terrorismo de Estado.
Abuelas de Plaza de Mayo fue nominada en tres ocasiones al Premio Nobel de la Paz: en 2008, 2011 y este año. El 14 de septiembre de 2011 recibieron el premio Félix Houphouët-Boigny, otorgado por la Unesco, por su trabajo en materia de derechos humanos.
El trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo está muy vinculado con el de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONaDI), creada en 1992, y del Banco Nacional de Datos Genéticos que permite obtener la información genética para establecer la filiación familiar.
Si bien la CONaDI está asociada a la búsqueda y localización de niños desaparecidos, su función abarca también la tarea de recibir denuncias sobre robo y tráfico de menores, despojos a madres y adultos con identidad vulnerada, según los principios enunciados por el organismo.
Las primeras pericias para determinar la abuelidad y poder identificar a los menores secuestrados se realizaron en 1984 a pedido de Abuelas y en 1987 el Congreso Nacional sancionó la ley 23.511 que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand.
El último logro en materia legislativa de las Abuelas fue en 2009 cuando se sancionaron las leyes que habilitan al juez a ordenar la extracción de ADN para identificar a hijos de desaparecidos y la que reconvierte el Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología.