Desde su asunción, el gobierno de Javier Milei ha implementado una serie de medidas que desjerarquizan las políticas de género en el país, poniendo en riesgo años de avances en materia de derechos humanos. La decisión más significativa y simbólica fue la reducción del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una Subsecretaría de Capital Humano, y posteriormente, a una simple Dirección dentro del Ministerio de Justicia. Este cambio no solo representa una reubicación administrativa; es un indicador claro de la visión que este gobierno tiene respecto a la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Esta desjerarquización de las políticas de género en la estructura del gobierno es alarmante. Este recorte no solo implica un debilitamiento institucional, sino que también envía un mensaje claro sobre la falta de compromiso del Estado para abordar las cuestiones relacionadas con la igualdad y la diversidad. Las políticas de género no deben ser vistas como un sector menor en la administración pública, sino como un eje fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva. La reducción de su importancia dentro del aparato estatal refleja un retroceso que podría tener consecuencias severas en la protección de derechos fundamentales.
Además de esta desjerarquización, el gobierno ha iniciado un ataque sistemático contra el movimiento feminista, que se ha manifestado en múltiples frentes. Uno de los aspectos más preocupantes es el avance contra el derecho al aborto, que en Argentina fue despenalizado en diciembre de 2020, tras una larga lucha del movimiento de mujeres. La administración actual ha dejado entrever su intención de desmantelar este derecho, presentando proyectos que buscan restringir el acceso a servicios de salud reproductiva y revocar los logros alcanzados.
Las acciones en contra de la Ley de Identidad de Género también generan preocupación. Este marco normativo no solo reconoce el derecho a la autodeterminación de género, sino que también sirvió de ejemplo para otros países de la región. Sin embargo, las declaraciones del presidente Javier Milei y sus asesores sugieren un intento de revertir estos avances, lo que no solo implicaría una violación de derechos humanos, sino también un aumento de la violencia y la discriminación hacia las personas trans y no binarias.
Otro aspecto importante que llama la atención es el cuestionamiento de la figura de femicidio en el Código Penal. La tipificación del femicidio fue un paso crucial en la lucha contra la violencia de género, proporcionando un marco legal que permite la sanción más severa para los delitos perpetrados contra las mujeres por razones de género. No obstante, la actual administración ha sembrado dudas sobre la pertinencia de esta figura, lo que puede generar un entorno más hostil y peligroso para las mujeres en un contexto donde la violencia de género continúa en aumento.
La Educación Sexual Integral (ESI) también se encuentra en la mira. La ESI es fundamental para promover la salud sexual y los derechos reproductivos, así como para prevenir la violencia de género y promover la equidad. El intento de desmantelar programas educativos que sensibilizan sobre estas temáticas refleja una falta de compromiso con la educación inclusiva y el bienestar de las futuras generaciones. En un país con altas tasas de embarazo adolescente y violencia de género, la ESI debería ser fortalecida, no atacada.
La Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, también se ha convertido en un objetivo. La capacitación en cuestiones de género es esencial para garantizar que políticas y decisiones estén informadas por un enfoque de equidad. Sin embargo, los esfuerzos por deslegitimar esta ley socavan no solo su implementación efectiva, sino también el principio de igualdad que debería guiar la acción del Estado.
A nivel internacional, la desjerarquización de las políticas de género y el retroceso en derechos humanos han tenido repercusiones en la imagen de Argentina en foros y organismos internacionales. La historia del país en la defensa de los derechos humanos es un legado que debe preservarse, y el ataque sistemático contra estos derechos pone en riesgo esa trayectoria. La comunidad internacional observa con preocupación cómo el gobierno de Javier Milei navega este camino peligroso, que podría relegar a Argentina a un contexto de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos.
Es crucial entender que lo que Milei califica como «ideología de género» es, en realidad, un corpus robusto de derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de los que Argentina es parte. El ataque a estos derechos no solo implica una violación de la legislación vigente, sino que también pone en riesgo la vida y la integridad de millones de personas en el país. La lucha por la igualdad de género es, en última instancia, una lucha por la dignidad humana, y la sociedad argentina no puede dar un paso atrás en este camino.
En conclusión, las medidas adoptadas por el actual gobierno van más allá de simple política. Inauguran un período de incertidumbre y regresión en la historia de los derechos humanos en Argentina. La resistencia y la movilización del movimiento feminista se vuelven más necesarias que nunca para contrarrestar este ataque y defender los derechos que costaron tanto esfuerzo conquistar. La historia de los derechos de las mujeres y las diversidades en Argentina continúa escribiéndose, y dependerá de la voluntad colectiva de la sociedad y sus movimientos sociales asegurar que la victoria por la igualdad no sea solo un recuerdo del pasado.