El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó hoy ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 46 para incorporarse en calidad de «Amicus Curiae» (amigo del Tribunal) a la causa en la que se ordenó el desalojo de 37 familias en el barrio porteño de Boedo.
A través de esta institución jurídica, el CELS pidió al juzgado poder asesorarlo en el caso del desalojo ya que considera que esta comprometido el interés público y conlleva una trascendencia social que supera las particularidades del caso.
Si bien esta figura jurídica no inviste de calidad de parte a quien la presenta y no produce un efecto vinculante para el tribunal, el CELS se propone asistir al juzgado con una opinión fundada sobre alguna cuestión jurídica que pudiera escapar a su consideración.
En su presentación, el CELS detalló los numerosos informes y escritos sobre derecho a la vivienda que emitió en la ciudad de Buenos Aires y su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos.
El desalojo del edificio de Pavón 4127, donde viven 37 familias, el 70% de ellos niños, fue programado por el juzgado para mañana a las 8 y los habitantes del inmueble decidieron comenzar a partir de las 20 de hoy una vigilia en la puerta del edificio, con la realización de una olla popular y la participación de distintas organizaciones y dirigentes políticos y sociales.
Las familias ocupan el inmueble desde hace 25 años y el juzgado, ante la presentación de un particular «decidió en forma intempestiva el desalojo y el gobierno de la Ciudad nos ofrece un subsidio de 1800 pesos pero con ese dinero no podemos hacer frente a otro techo», aseguró un vecino del inmueble.
La orden fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°46 a cargo del juez subrogante Fernando Pablo Christello, a partir de la causa iniciada por Pavón Plaza, la empresa propietaria.