Sólo un 20 por ciento de los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires que reciben a personas en situación de vulnerabilidad social tienen habitaciones a precios inferiores del monto máximo del subsidio habitacional que otorga el Gobierno porteño, nada más que el 38 por ciento tiene lugar disponible y, de éstos, ninguno acepta más de dos niños.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso (CCAYT) N°1.
El informe, llevado adelante entre febrero y marzo de 2015, se realizó sobre 125 hoteles ubicados en los barrios de Constitución, San Telmo, Once, Almagro y Flores que alojan a personas beneficiarias de dos programas: el de «Apoyo Habitacional» (decreto 574/09) y el de «Atención de familias en Situación de Calle» (de 2006).
«No tenemos la cifra exacta porque se trata de una población dinámica pero entre ambos programas estamos hablando de la situación de más de mil familias», indica Gustavo Moreno, responsable de la Asesoría Tutelar de la CCAyT.
El asesor tutelar explicó que vienen realizando este informe desde 2011 y sus conclusiones son presentadaas cada año al Ministerio de Desarrollo Social porteño (a cargo de Carolina Stanley), «que es responsable de los Programas, y a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que debería ser quien controla los hoteles».
El precio fijado por habitación es el primero de los ítems observados por el informe elaborado por la Trabajadora Social de la Asesoría, María Cecilia Lowy Copello: un 80 por ciento de los hoteles relevados tiene el valor superior a los 1800 pesos que otorga como máximo de subsidio habitacional el Gobierno porteño.
En este sentido, Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7 que trabaja hace más de una década con la problemática de situación de calle, describe que «históricamente el subsidio habitacional ha sido un marcador de precios de hoteles y pensiones y lo que observamos es que en los últimos años ante la falta de control y regulación de los hoteles la brecha entre el subsidio y el precio se ha acentuado».
«Para ser más claros, hoy una persona sola por una habitación de dos metros cuadrados, con baño y cocina compartidos está pagando entre 2.200 y 2.800 pesos mensuales, y a su vez una pareja con una criatura paga entre 3.400 y 4.000 pesos por una habitación con las mismas dimensiones, en el caso de que les permitan ingresar con niños», asevera Ávila.
En referencia al «permiso» para ingresar con niños la investigación arrojó que «sólo el 38 por ciento de los hoteles que respondieron al relevamiento tenía lugar», pero si se buscaba para una familia con dos hijos el porcentaje se reducía a 5,8 por ciento, en tanto para los que tenían tres o más no había habitaciones disponibles.
Las condiciones de estos espacios están lejos de ser las deseables: aunque el 50 por ciento dice estar habilitado, más de la mitad presentan irregularidades y el 92 por ciento tiene baño y cocina compartidas.
«Para la vida diaria de un niño las condiciones son muy adversas, los chicos tienen que dormir en la misma habitación que sus padres, primos o tíos, jugar, comer, hacer los deberes, todo en el mismo espacio, y cuando hay patios no se permite que los niños juegen», indica Moreno.
Ávila detalla, además, que «algunos hoteles alojan gente en los subsuelos, y en altillos sobre las terrazas en espacios absolutamente precarios, muy pocas habitaciones tienen ventanas o ventilación».
Estas características no sólo hacen al cotidiano de las personas que habitan los hoteles, sino que afectan su seguridad: «Si ocurriera un siniestro, no sé cuántas personas podrían salir de allí», remarca Moreno.
Otro aspecto es la diferencia del importe que entrega el Gobierno porteño entre cuando paga directo a los hoteleros y cuando da el subsidio a las familias.
«Mientras que en un programa se le paga al hotelero 36 pesos por persona por día, lo que a una familia tipo da algo más de 4300 pesos por mes, cuando se otorga el subsidio habitacional a la persona sólo se le entrega como máximo 1800 pesos por grupo familiar», describió Moreno.
En referencia a las soluciones posibles, Ávila asegura que «si se aumenta el subsidio los hoteleros volverán a estirar la brecha; mientras no haya control y regulación por parte del Gobierno porteño, los dueños de los hoteles siempre buscarán su beneficio».
En tanto Moreno afirma que «la solución no es cerrar los programas, sino mejorarlos» y coincidió en que «lo primero que debería hacer el Gobierno es cumplir con el propio programa, lo que implicaría el control de los lugares y el seguimiento de las familias».
«No hay una política de Estado que contemple la integridad de los derechos, que trabaje con una familia y que vea, más allá de alojarlos en un hotel, una vacante para la escuela, atienda la salud o trate de garantizar una doble jornada escolar para que los padres puedan trabajar», añade. Y concluye: «Por otra parte, más allá de la emergencia habitacional, el Gobierno debería tener una política de vivienda social que permita la solución definitiva y no la tiene porque el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires sólo está construyendo viviendas para los casos judicializados como el Riachuelo (causa Mendoza), el juicio de la causa Ayala, Villa Cartón o Padre Mugica».