Organizaciones no gubernamentales, organismos públicos y sindicatos relacionados con la educación adhirieron a la marcha contra los femicidios y la violencia de género que, bajo la consigna «Ni una Menos» se realizará mañana en la Plaza del Congreso.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) instalará una carpa a las 16 en la esquina de Callao y Rivadavia con materiales gráficos y educativos para la prevención y la lucha contra toda forma de violencia de género.
Al mismo tiempo, docentes porteños afiliados a ese gremio elaboraron un material informativo para las escuelas sobre la protección integral para la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra la Mujer.
El Sindicato Unico de Trabajadores de La Matanza presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de ese partido bonaerense para declarar asueto escolar mañana en adhesión a la campaña y la marcha contra los femicidios y la violencia de género.
La iniciativa «tiene como objetivo que docentes, auxiliares, padres, madres y estudiantes de La Matanza puedan participar masivamente de la convocatoria», indicaron voceros del gremio.
Por su parte, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires adhirió a la marcha de manera institucional y expresó que e necesitan «prácticas jurídicas que condenen la violencia contra la mujer, procedimientos legales justos y eficaces y medidas de protección para las mujeres»
Precisó que la violencia basada en el sexo «es la violencia contra la mujer porque es mujer» y destacó que «el femicidio no sólo es un homicidio es también un acto discriminatorio».
En tanto, la defensora general de la Ciudad, Stella Maris Martínez, ratificó la adhesión de ese organismo público a la marcha y manifestó que la violencia contra las mujeres «es una manifestación extrema de la discriminación por motivos de género que persiste en la sociedad»
«Ese sustento discriminatorio explica la extensión y modalidades que adquiere el fenómeno, así como las respuestas insuficientes que de manera usual se brindan para combatirlo», sostuvo Martínez.
La Organización 100% Diversidad y Derechos, que lucha por los derechos de personas que son discriminadas por su orientación sexual, marchará mañana con las consignas «Por una Justicia con perspectiva de género y no discriminatoria y juicio político a jueces y fiscales que convalidan la violencia y perpetúan la impunidad», entre otras.
La Unión de Docentes Argentinos (UDA) aseguró que la violencia contra las mujeres «no sólo se circunscribe a lo físico, sin que se manifiesta en situaciones domésticas, como también en ámbitos laborales y sociales por lo que hay que acabar con la discriminación, la desvalorización y la subordinación de la mujer para darle lugar al respeto y la tolerancia».
En tanto, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) también adhirió a la campaña que se propone «visibilizar la grave problemática de la violencia hacia las mujeres en nuestro país que, afortunadamente, ha irrumpido con fuerza en la agenda pública»
«La violencia contra las mujeres constituye una violación aberrante de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales que limita total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos», indicó la Falgbt
La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) también adhirió a la convocatoria y su titular, César Cigliutti, señaló que la consigna «es el total rechazo al machismo sea como sea y exprese como se exprese, nuestra comunidad también sufre la misma violencia porque el origen es la misma, el machismo. Por eso sostenemos que ninguna expresión y manera de machismo es inocente e ingenua».
También, la Unidad de Intervención en Victimología del Ministerio de Justicia de la Nación expresó hoy su apoyo a la marcha y consideró que la «oportuna» actuación de jueces de Familia prevendría los crímenes de mujeres.
«Esta saludable expresión de lucha contra la violencia de género, que apunta a revisar las prácticas institucionales de las distintas instancias del Estado, debería focalizarse en las agencias judiciales, uno de los sectores de mayor responsabilidad, depositario y reproductor de patrones machistas y patriarcales», señaló Alberto Linares, coordinador del organismo.
Para el funcionario, «aunque ciertamente la Justicia Penal posee la mayor responsabilidad en este abordaje, en verdad los jueces de Familia suelen tener mucho que ver con la falta de freno a la violencia familiar, inequívoco precedente de los femicidios».
«Oportunas actuaciones de jueces de Familia prevendrían femicidios», consideró Linares, quien remarcó que en los últimos 12 años han sido enormes los avances tanto en materia legislativa como en herramientas del Poder Ejecutivo para el abordaje de estas problemáticas.
Esta unidad acompañó y asesoró a familiares en alrededor de 70 casos de femicidios y femicidios vinculados, en los que el 29 por ciento de las víctimas tenían entre 2 y 16 años, el 50 por ciento entre 17 y 30 años y el 21 por ciento entre 31 y 78 años.
«En cuatro hechos atroces de femicidio atendidos fueron asesinados varios niños de 1 a 8 años. Al ‘Si no sos mía, no sos de nadie’, el violento le adosó allí el ‘Te quito lo que más querés’, los hijos», sostuvo Linares.
Otro fenómeno advertido es el gran porcentaje de femicidios enmascarados bajo las carátulas judiciales de “averiguación de causales de muerte” o “suicidio”, los cuales -según denunció la unidad- «se repiten, y con frecuencia se cierran sin más trámite, dejando los hechos invisibilizados e impunes».
Algunos de los casos en los que la unidad del Ministerio de Justicia asesoró a familiares fue el triple femicidio de Benavídez en 2012, cuando Juan Cardozo fue a buscar a su ex pareja Romina, y al no encontrarla acuchilló y mató a la hija de ésta, Sol (6), a la hermana, Florencia (16) y a la abuela, Hilda (78).
Cardozo fue condenado a prisión perpetua.
Otro caso sucedió el 2 de noviembre de 2009, cuando Antonio Cajal asesinó a su mujer Lilian (26) y a sus hijos Rocío (4) y Braian (6) en su casa de Morón. Fue condenado a la pena máxima en 2012.
En tanto, el 25 de diciembre de 2012, Guillermo Aguirre (23) mató a su ex pareja Mariela Chávez (23) a tres meses de haberse separado.
Ella lo había denunciado, pero el juez no firmó el perímetro que le impedía acercarse. Un tribunal de Lomas de Zamora lo condenó a 22 años de prisión.