La Comisión Tripartita reúne a representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y vecinos y funciona cada 15 días en la Legislatura Porteña. El pasado 26 de septiembre, presionado por los vecinos, el subsecretario de Atención Ciudadana, Macchiavelli, debió acudir a la reunión esta Comisión para dar explicaciones sobre el desarrollo del proceso de de descentralización de las Comunas, la pretensión de modificar la Ley 1.777 y la finalidad de las UAC (Unidades de Atención Ciudadana), creadas a través de un reciente decreto de Macri.
Eduardo Macchiavelli, junto con el director general del área a su cargo, Juan Pablo Graña, tomaron la determinación de asistir a la Tripartita, luego de que integrantes de los Interconsejos Consultivos Comunales anunciaran reunirse frente a la sede de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para reclamar la presencia de su titular en el resinto de la Legislatura.
Estuvieron presentes también Rafael Gentili y Jorge Selser (Proyecto Sur); Raquel Herrero, Patricio Di Stéfano, Victoria Morales Gorleri, Lidia Saya y Karina Spalla (PRO), Claudio Palmeyro (PJ) Gabriela Alegre (FPpV), María Elena Naddeo (FPyP) y Adriana Montes (CC).
Los representantes del Gobierno expusieron y respondieron sobre el proceso de transición, transferencia de competencias, patrimonio, personal y presupuesto que dispondrán los nuevos espacios
También explicaron el sentido de las modificaciones que impulsa el Jefe de Gobierno a la Ley orgánica 1777, asunto contenido en un proyecto de ley que elevó el Poder Ejecutivo a la Legislatura, y se refirieron a la función de las UAC (Unidades de Atención Ciudadanas), creadas por decreto, muy criticadas por la oposición y los vecinos. Y adelantó información sobre un programa de capacitación que promoverá el Gobierno para los comuneros electos.
En defensa de este último punto, Macchiavelli señaló que «el proyecto de modificación a la Ley de Comunas intenta llenar vacíos y salvar imprecisiones».
Por su parte, Graña subrayó que «se trata de una experiencia inédita que exige hacer más expeditiva a la ley, cuanto más clara la norma para facilitar el consenso mejor será”. Y agregó que el objetivo es “dotar a las juntas comunales de herramientas de gestión más flexibles».
Ambos coincidieron en que «con la creación de las UAC por el Decreto 376 no hay intromisión en las competencias que la ley asigna a las Comunas, dado que se trata de los servicios descentralizados como trámites de Defensa del Consumidor, Infracciones, licencias de conducir, registro de reincidencias, Rentas y tesorería, algunos de ellos con alta estima entre los vecinos».
Los funcionarios de la Subsceretaría, informaron además que se están realizando trabajos conjuntos intragobierno para “definir las transferencias de competencias, el inventario del patrimonio, el presupuesto, la distribución de los recursos humanos y un programa de capacitación destinado a los comuneros electos”, entre la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Espacio Público conjuntamente con la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Los vecinos, entre quienes estuvieron varios comuneros electos, plantearon su oposición a modificar la Ley 1.777 antes del 10 de diciembre por considerarla “prematura”, y se mostraron partidarios de «esperar dos o tres años de funcionamiento para luego hacer eventuales ajustes». Asimismo, se opusieron al Decreto 376, alegando “dudas sobre el proceso de transición”.
Por otra parte, hasta diciembre, la comisión consensuó centrarse en el estudio de dos temas considerados prioritarios: el presupuesto participativo y los derechos políticos de los extranjeros con residencia definitiva en la Ciudad, quedando así descartado el tratamiento del proyecto que enviara el Poder Ejecutivo proponiendo la modificación a la Ley 1777.