Dos talleres textiles que funcionaban en forma clandestina dentro de viviendas en el barrio porteño de Flores fueron clausurados y quedaron imputados los encargados de ambos espacios, dos de nacionalidad boliviana y dos coreanos, informó la Policía Metropolitana.
Los talleres, ubicados en la planta alta de dos viviendas, una en Bolivia 1059 y la otra en Bacacay 3195, tenían -según describieron fuentes de la fuerza de seguridad- «gran cantidad de maquinaria, insumos y productos terminados, por lo que se estima que trabajaban muchas personas».
No obstante, al momento del allanamiento, en el taller de Bolivia se encontraban trabajando sólo cinco empleados y dos encargados, estos últimos de nacionalidad boliviana, quienes fueron imputados para investigar su responsabilidad en la producción clandestina.
Según las fuentes policiales, los cinco trabajadores no se encontraban en situación de trata de personas.
En tanto, en el taller de la calle Bacacay sólo se encontraban los encargados, de nacionalidad coreana, que también fueron imputados.
«La orden de allanamiento fue emitida por el juez de Garantías a pedido de nuestra fiscalía, ya que desde la Dirección General de Protección del Trabajo denunciaron que en diversas oportunidades habían querido hacer inspecciones y como el lugar es una vivienda se habían negado», informó Sebastián Stoppani, fiscal en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.
Stoppani, quien realizó la investigación en el marco de la Unidad Fiscal con Competencia Única, a cargo de Verónica Guagnino, informó que «lo que se ha detectado es que estos domicilios ya habían tenido una clausura de la Agencia Gubernamental de Control, entonces hay una contravención como primera instancia que es la violación de estas clausuras».
En los procedimientos se secuestraron más de tres camiones con bolsones de prendas de vestir listas para su comercialización, materiales para la confección de vestimenta y documentación relacionada con la causa.
Del operativo, realizado en las últimas horas del viernes pasado, participaron la Dirección General de Protección del Trabajo y la Agencia Gubernamental de Control.