Unas 500 familias adjudicatarias de departamentos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en el predio Casa Amarilla, en el barrio porteño de La Boca, fueron engañadas en el marco de una estafa millonaria que, según los damnificados, «fue posible por la falta de transparencia del organismo».
En estos días, mientras 430 unidades de las 1.200 prometidas por el el Plan Viví Tu Casa del IVC son entregadas de a una y sin ninguna clase de publicidad oficial, la Justicia Penal investiga si entre los responsables del engaño hay algún funcionario del IVC.
La causa que se tramita ante el Juzgado Nacional Criminal de Instrucción Nº 15 reúne denuncias que estaban dispersas en otros 15 procesos, ya que la estafa alcanzó primero a 350 trabajadores del subte y después a más de 100 vecinos de La Boca y Barracas.
«No es posible entender cómo nos engañaron. La espeluznante falta de transparencia del mecanismo de adjudicación del IVC y la posible complicidad de sus funcionarios, que ahora investiga la Justicia, pueden ser parte de la explicación», dijo Gustavo Burgos, un profesional de la salud que -junto a su esposa- se anotó en diciembre de 2013 para acceder a una vivienda propia en ese barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Su denuncia se basa en una carpeta con sellos y firmas del IVC -incluso la de su titular, Emilio Basavilbaso- que la pareja completó y entregó en marzo de 2014, tras pagar 20.000 pesos por su vivienda, lo que fue requisito previo a la adjudicación del departamento.
Tras el pago «nos dieron plazos y llegaron las demoras por el tema del gas, por la instalación eléctrica. Todo coincidía porque ellos conocían las obras, sabían desde adentro lo que iba pasando», explicó Burgos.
Incluso, añadió el denunciante, les «mandaban fotos sacadas con celular del interior del departamento para mostrar el progreso de la construcción».
«Nosotros ibamos a verlo avanzar desde afuera, porque vivímos a unas ocho cuadras y claro, todo coincidía», continuó.
Julián González, abogado patrocinante de una parte de los damnificados de la causa que sigue sumando denuncias, dijo que «en total, exactamente, son 104 las carpetas incorporadas a la causa, cuya acusación recayó en un grupo de personas que se presentaban como gestores del IVC».
Se trata de «Adriana Carmen Barrios, Juan Ramón Uriarte, Fabián Bento, Nicolás Russo y las autoridades del IVC que aparecen como firmantes de las carpetas de adjudicación, quienes fueron acusados por defraudación en concurso con el delito de falsificación de documento», detalló González.
La maniobra, dijo el abogado, «se basaba en una media verdad: les preguntaban a vecinos del barrio si sabían que estaban por entregar Casa Amarilla, que con ese tema el gobierno había tenido problemas, ya que le había dado a una asociación civil (Asociación Civil Casa Amarilla) el derecho de adjudicar departamentos».
Además, les contaban que «como esa asociación le dio las viviendas a gente amiga e integrantes de la barra de Boca, hubo muchas denuncias y ahora el gobierno quiere desligarse de todo buscando familias que realmente necesiten una vivienda, para nombrarlos como verdaderos adjudicatarios», sostuvo.
Para Burgos, así como para Rosa y Silvia, otras damnificadas del Plan Viví Tu Casa, la explicación «en un primer momento les cerró», dijo González.
A todos ellos -los 104 y los casi 350 trabajadores del subte- el grupo de «gestores» les sacó entre 10.000 y 100.000 pesos de anticipo para entrar, lo que se convirtió «en un negocio millonario», dijo González.
«Las denuncias del grupo de trabajadores del subte, que hizo pública José Campagnoli (legislador porteño por Nuevo Encuentro) con un pedido de informes a los funcionarios del gobierno porteño -que nunca prosperó en la Legislatura-, y la nota periodística de Página 12 sobre el escándalo acrecentó las sospechas de mis clientes», dijo el letrado patrocinante.
Las fuentes consultadas por Télam coincidieron en que la falta de transparencia, que se expresó en la ausencia de sorteos y listas públicas en cada adjudicación de viviendas sociales del IVC fue lo que permitió que este tipo de delitos se multiplique.