Instituciones que trabajan sobre la problemática de trata de personas manifestaron su preocupación debido a que el Comité de Lucha contra la Trata quedó acéfalo desde el 9 de diciembre pasado y no cuenta hasta el momento con un funcionario designado a cargo, mientras que desde la Jefatura de Gabinete -de la que depende el Comité- aseguraron que «están trabajando en la designación de su coordinación».
«Es urgente poder garantizar el pleno funcionamiento del Comité, esto incluye la estabilidad laboral de su equipo de trabajo para profundizar en Argentina la lucha contra la trata y explotación de personas», señalaron organizaciones, universidades, asociaciones e Institutos de investigación en un documento conjunto que visibiliza la situación del organismo.
En tanto, funcionarios de la Jefatura de Gabinete admitieron que «el comité se encuentra acéfalo hace un mes» y que «están trabajando en la designación de su coordinación».
«Excepto la coordinación del Comité, el resto está operativo. La Línea 145 estaría operando», dijo Gala Barbieri, flamante asesora de la Jefatura de Gabinete, quien reunió en dos oportunidades a los 20 integrantes del área que funciona en el edificio de la avenida Julio A. Roca, en la Ciudad de Buenos Aires.
La funcionaria no precisó cuántos días va a demorar dicha designación pero aseguró que se «se está por designar» a las nuevas autoridades.
El Comité que se creó por la ley 26.842 tiene hoy en día la orden de cursar todos los trámites que llegan a su poder al área de Jurídicos de la Jefatura de Gabinete.
«Se trata de ordenes de juzgados, derivaciones, o pedidos de asistencia que llegan al Comité por ser el ente articulador de los todos los ministerios, Cancillería y demás organismos que tienen en su seno un área que trabaja contra la trata de personas», explicó en diálogo con Télam Cecilia Merchán, quien fue coordinadora del organismo hasta que renunció el 9 de diciembre.
El Comité cuenta con un equipo especializado de 20 personas capacitadas en el abordaje de una problemática compleja, como es la asistencia a las víctimas y la articulación con el resto del Estado -para que éstas puedan acceder a la educación, al trabajo, a la salud y a la Justicia-, y recibe financiamiento de Naciones Unidas, a través del PNUD, que financia el proyecto a través de un convenio que se extiende de marzo a marzo.
«Los contratos del personal, en cambio, terminan en diciembre pero todos los años se extienden hasta marzo», precisó Merchán, que confirmó que «por ley y recomendaciones a nivel global, como son las de Naciones Unidas, la lucha contra la Trata no debe discontinuarse».