El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió hoy a la Legislatura un proyecto de ley que propone modificar la norma para la creación de un Consejo de la Propiedad Horizontal destinado a regular la vida de los consorcios y controlar a los administradores, que fue cuestionado por diversos referentes del sector.
El expediente girado al Parlamento contempla una serie de cambios a varios de los artículos de la ley 5464, votada a fines del año pasado, especialmente, en aquellos donde se precisa la representatividad de las asociaciones sindicales que agrupa a trabajadores de edificios, las de los empleados de administradores y del Gobierno porteño.
La ley vigente contempla un consejo directivo de once integrantes: tres de por los administradores, tres por asociaciones gremiales que representan a trabajadores de edificios, uno de organizaciones que nuclean a los consorcios, uno por el Gobierno de la Ciudad, uno por las asociaciones de defensa de usuarios, uno por los sindicatos de empleados de administradores de consorcios y el restante defensor de inquilinos de la Defensoría del Pueblo.
La ley generó críticas de los sectores que agrupan a las administraciones de consorcio dado que, anticiparon, subiría el valor de las expensas ante la necesidad de costear el nuevo órgano, pero también porque el consejo directivo tendría una mayor representación gremial.
En consecuencia, Rodríguez Larreta sostuvo, en su propuesta a los legisladores, que “la implementación de un nuevo marco normativo (… ) requiere de la tutela estatal” y que “se ha procurado que la integración del máximo órgano del ente promueva una representatividad adecuada de todos los actores involucrados, de forma tal de fomentar el ámbito de diálogo”.
Así, el proyecto del Ejecutivo mantiene la cantidad de miembros del directorio, pero reduce la cantidad de tres a dos de los representantes del gremio de trabajadores de edificios de renta y horizontal, elimina al único miembro previsto por los sindicatos de empleados de administradores de consorcios y aumenta de uno a tres a los delegados del Gobierno de la Ciudad, los cuales deberán ser de la dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.
Además, precisa que esos tres lugares del Ejecutivo local tendrán que ser ocupados por el director General de Defensa y Protección al Consumidor, quien estará también a cargo la presidencia del Consejo, y dos representantes designados por esa dependencia.
Otro de los cambios fija que si bien el consejo determinará las remuneraciones de sus miembros, tanto los integrantes de la Defensoría del Pueblo como del Gobierno de la Ciudad actuaran ad-honórem.
Por último, modifica el artículo 14, que indicaba que el comité ejecutivo “sesiona válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros y sus resoluciones se adoptan por la simple mayoría de los votos presentes”, agregando que su presidente “tendrá voto doble en caso de empate y el poder de veto».