Los procesamientos por «peculado», dictados a funcionarios porteños durante la gestión de Fernando De la Rúa como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fueron ratificados por la Cámara Nacional en lo Criminal.
Fuentes judiciales indicaron que la Sala IV de la Cámara rechazó los recursos presentados por las defensas de José Luis Vila, Julio César Godoy, Héctor Ricardo Moauro y Salvador Jorge Enacam.
Las fuentes agregaron que los procesamientos incluyeron embargos multimillonarios sobre los bienes de los denunciados, quienes se desempeñaban en ámbito de la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, de la Secretaría de Educación del gobierno local.
La decisión del tribunal de segunda instancia fue tomada en el marco de una investigación por una supuesta multimillonaria defraudación mediante la adjudicación de obras para la reparación de escuelas públicas.
El caso concreto en el que intervino la Sala IV de la Cámara es el de la Escuela Número 5 «Jardín de Infantes Provincia de Santa Fe», en Pico 2.689 de esta capital.
En el establecimiento se habrían contratado, entre 1998 y 2000, «trabajos de demolición, albañilería, mampostería, contrapisos, solados, cielorrasos, instalaciones de electricidad, gas, pluvial, cloacal y sanitaria y pintura».
Según constancias del sumario «la obra fue adjudicada a una empresa que no había sido invitada a participar en la contratación directa» y sin que se ejerciera «ningún tipo de control, inspección ni detalles de erogaciones durante su desarrollo».
Como también se sospecha del pago de sobreprecios la Cámara consideró que pudo haber un desvío de fondos públicos «en provecho de quienes tenían a su cargo la administración de esos fondos».
Fuentes judiciales indicaron que la Sala IV de la Cámara rechazó los recursos presentados por las defensas de José Luis Vila, Julio César Godoy, Héctor Ricardo Moauro y Salvador Jorge Enacam.
Las fuentes agregaron que los procesamientos incluyeron embargos multimillonarios sobre los bienes de los denunciados, quienes se desempeñaban en ámbito de la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, de la Secretaría de Educación del gobierno local.
La decisión del tribunal de segunda instancia fue tomada en el marco de una investigación por una supuesta multimillonaria defraudación mediante la adjudicación de obras para la reparación de escuelas públicas.
El caso concreto en el que intervino la Sala IV de la Cámara es el de la Escuela Número 5 «Jardín de Infantes Provincia de Santa Fe», en Pico 2.689 de esta capital.
En el establecimiento se habrían contratado, entre 1998 y 2000, «trabajos de demolición, albañilería, mampostería, contrapisos, solados, cielorrasos, instalaciones de electricidad, gas, pluvial, cloacal y sanitaria y pintura».
Según constancias del sumario «la obra fue adjudicada a una empresa que no había sido invitada a participar en la contratación directa» y sin que se ejerciera «ningún tipo de control, inspección ni detalles de erogaciones durante su desarrollo».
Como también se sospecha del pago de sobreprecios la Cámara consideró que pudo haber un desvío de fondos públicos «en provecho de quienes tenían a su cargo la administración de esos fondos».