La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó ayer jueves la ley de Regulación de Eventos Masivos, que prevé la creación del Registro Público de Productores de Eventos Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), con el objetivo de ejercer una mayor regulación sobre actividades que tengan una concentración igual o mayor a 1.000 asistentes. La iniciativa, entiende como eventos masivos a los «espectáculos y diversiones públicas de carácter eventual, que se lleven a cabo en un predio no habilitado para tal fin».
En ese marco, alcanza a «todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo, capaz de producir una concentración igual o mayor a 1.000 asistentes, y que se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o semi cerrados en el ámbito de la Ciudad y en el que el público concurrente es un mero espectador (Espectáculo Público) y/o participa del entretenimiento ofrecido y/o de la actividad que se desarrolla (Diversión Pública)».
La norma establece requisitos estrictos sobre higiene, seguridad, prevención de incendio o incidentes, planes de evacuación, sistema médico asistencial e información y prevención sobre el uso de drogas.
La nueva ley obliga además a que en esos eventos haya acceso fácil, gratuito y seguro al agua potable por parte de los asistentes, además de servicio médico, socorristas y baños adecuados a la cantidad de concurrentes.
Además, fija un control de acceso tecnológico para garantizar el respeto de la capacidad máxima a través de un sistema que deberá contemplar pantallas en las puertas de acceso y en el interior del lugar, con el fin de verificar en tiempo real de manera precisa y en forma visible el porcentaje de ocupación.
De acuerdo al nuevo registro, para quienes omitan el cumplimiento de las regulaciones establecidas se fijaron sanciones de 60 días de arresto o una multa de $100.000, además de la clausura del establecimiento e inhabilitación por el plazo máximo establecido por la ley.
Así, en los eventos en predios abiertos la capacidad máxima que podrá otorgarse será a razón de tres personas por metro cuadrado para los espectáculos públicos, y de dos personas por metro cuadrado para las diversiones públicas.
La Ley de Regulación de Eventos Masivos determina también que, para realizar un evento en establecimientos cerrados o semi cerrados, deberá contarse con una habilitación previa, en la que se estipulará la capacidad otorgada.
Cuando la capacidad autorizada del evento supere los 5.000 asistentes, la Ciudad deberá implementar un plan de presencia estatal dirigido a mantener las condiciones de seguridad y mejorar el abordaje de las emergencias que pudieran producirse, incluyendo la difusión de información sobre las consecuencias de consumir sustancias psicoactivas en los eventos.
En ese sentido, entre los requisitos se cuentan la aprobación previa del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) del plan médico sanitario presentado por el requirente, la emisión de una alerta a los hospitales generales más cercanos al lugar del evento y la presencia de por lo menos seis inspectores de la AGC cuando el evento sea de entre 5.000 y hasta 10.000 asistentes.
En cuanto a los permisos relativos a diversiones públicas, podrán realizarse hasta 12 eventos de este tipo por año en un mismo predio.
«Pudimos incluir un control de acceso tecnológico para garantizar el respeto de la capacidad máxima otorgada. El sistema deberá contemplar pantallas, que permitan verificar el porcentaje de ocupación y la Agencia Gubernamental de Control deberá poder tener acceso, en tiempo real, a la información completa de ingresos y egresos”, señaló la legisladora del Bloque Peronista, María Rosa Muiños.
Además, a fin de difundir información de prevención sobre conductas de riesgo, la Ciudad está facultada a realizar convenios con universidades y organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria.
La iniciativa fue discutida, evaluada con expertos y consensuada en un texto conjunto que obtuvo dictámenes de las comisiones de Salud, Desarrollo Económico y Seguridad, además de los aportes de la Defensoría del Pueblo.