La jueza Andrea Danas ordenó difundir el amparo colectivo presentado por asociaciones y vecinos para frenar la construcción de un Shopping en el barrio de Caballito. Un proyecto del grupo IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) que implicaría la rezonificación de un área que actualmente permite sólo viviendas. Este grupo empresario es dueño del Alto Palermo Dot, Abasto, Patio Bullrich, Alto Avellaneda, Buenos Aires Design, entre otros shoppings en el país, según lo informa el propio portal de la empresa.
El amparo fue presentado por El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) e integrantes del Consejo Consultivo de la Comuna 6 para reclamar una Audiencia Pública que evalúe el proyecto.
La jueza ordenó su difusión «a fin de que los interesados en el resultado se presenten en el expediente», explicó el portal del Poder Judicial porteño.
La difusión ordenada por la jueza implica publicar la existencia de la causa judicial y el amparo colectivo en el Boletín Oficial de la Ciudad, la página web del gobierno porteño, proveer de materiales gráficos a las comunas y anunciarlo en los diarios nacionales.
Para habilitar la construcción de un shopping en los terrenos de IRSA, situados en Avellaneda al 1.500, habría que autorizar un cambio de uso, debido a que en la actualidad la zonificación permite solamente viviendas.
«En virtud del artículo 63 de la Constitución de la Ciudad», la convocatoria a una audiencia pública es obligatoria «antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos», informó AJAM.
El proyecto de rezonificación fue remitido a la Legislatura porteña en 2008, 2011, 2013 y este año; el 15 de diciembre último la jueza Danas, subrogante del Juzgado 19 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, ordenó la suspensión del tratamiento legislativo.
En la última versión del texto, a diferencia de las anteriores, se incluyó como agregado la obligación por parte de la empresa IRSA de pagar la suma de hasta un millón de dólares «para ser destinada exclusivamente a las obras de apertura de la calle Bogotá, a ejecutarse por el Poder Ejecutivo».
«La audiencia publica es una oportunidad de presentar el proyecto que tenemos para hacer en ese predio -de dos hectáreas y media- un parque público, y también para hacer pública la información que tenemos sobre una compra-venta fraudulenta por parte del grupo IRSA», dijo Martín Iommi, del Consejo Consultivo de la Comuna 6, y enfatizó: «Esos terrenos deben volver al Estado Nacional».
«Todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso, ya sea como actora o demandada, contarán con el plazo de diez días para que se presenten en el expediente», que se encuentra en trámite en el Juzgado 19, ubicado en Roque Sáenz Peña 636, dispuso la jueza.
El plazo de diez días otorgado «comenzará a correr a partir de la última publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires o de la publicidad efectuada por radiodifusión, lo que ocurra en fecha posterior».
El amparo fue presentado por El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) e integrantes del Consejo Consultivo de la Comuna 6 para reclamar una Audiencia Pública que evalúe el proyecto.
La jueza ordenó su difusión «a fin de que los interesados en el resultado se presenten en el expediente», explicó el portal del Poder Judicial porteño.
La difusión ordenada por la jueza implica publicar la existencia de la causa judicial y el amparo colectivo en el Boletín Oficial de la Ciudad, la página web del gobierno porteño, proveer de materiales gráficos a las comunas y anunciarlo en los diarios nacionales.
Para habilitar la construcción de un shopping en los terrenos de IRSA, situados en Avellaneda al 1.500, habría que autorizar un cambio de uso, debido a que en la actualidad la zonificación permite solamente viviendas.
«En virtud del artículo 63 de la Constitución de la Ciudad», la convocatoria a una audiencia pública es obligatoria «antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos», informó AJAM.
El proyecto de rezonificación fue remitido a la Legislatura porteña en 2008, 2011, 2013 y este año; el 15 de diciembre último la jueza Danas, subrogante del Juzgado 19 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, ordenó la suspensión del tratamiento legislativo.
En la última versión del texto, a diferencia de las anteriores, se incluyó como agregado la obligación por parte de la empresa IRSA de pagar la suma de hasta un millón de dólares «para ser destinada exclusivamente a las obras de apertura de la calle Bogotá, a ejecutarse por el Poder Ejecutivo».
«La audiencia publica es una oportunidad de presentar el proyecto que tenemos para hacer en ese predio -de dos hectáreas y media- un parque público, y también para hacer pública la información que tenemos sobre una compra-venta fraudulenta por parte del grupo IRSA», dijo Martín Iommi, del Consejo Consultivo de la Comuna 6, y enfatizó: «Esos terrenos deben volver al Estado Nacional».
«Todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso, ya sea como actora o demandada, contarán con el plazo de diez días para que se presenten en el expediente», que se encuentra en trámite en el Juzgado 19, ubicado en Roque Sáenz Peña 636, dispuso la jueza.
El plazo de diez días otorgado «comenzará a correr a partir de la última publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires o de la publicidad efectuada por radiodifusión, lo que ocurra en fecha posterior».