La Cámara de Diputados aprobó hoy y giró al Senado un proyecto que establece el derecho a la identidad de género y habilita el reclamo de la rectificación en el DNI del sexo y el cambio del nombre de pila para quien lo solicite, según el género con el que se sientan identificadas.
El debate, que se inició cerca de las 16 y se extendió por casi 5 horas, contó con la presencia en el recinto representantes de entidades defensoras de derechos humanos y de la comunidad homosexual, travesti y transexual, en el marco de la última sesión ordinaria del año de la cámara baja.
La norma -aprobada por 167 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones- establece que el trámite, que se realizará ante el Registro Nacional de las Personas, no necesita requisitos específicos, salvo la propia solicitud del interesado y tampoco requiere someterse a diagnósticos médicos, psiquiátricos ni a cirugía alguna, en el caso de los mayores de edad.
La iniciativa, que se planteó después de que el Congreso aprobara la ley de matrimonio igualitario, cuenta con el respaldo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA), entre otras.
Se trata de un texto unificado que reúne iniciativas en ese sentido impulsadas por Silvana Giúdice (UCR); Juliana Di Tullio y Diana Conti (Frente para la Victoria); Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) y de los socialistas Miguel Barrios, Roy Cortina y Alicia Ciciliani, entre otros.
Entre otras cuestiones, la norma habilita a las personas mayores de 18 años a acceder «a intervenciones quirúrgicas totales y parciales», así como a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo, a su identidad de género autopercibida «sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa».
Establece, en ese sentido, que los prestadores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que la ley reconoce.
Una de las pocas voces en contra, junto con la del salteño Alfredo Olmedo, fue la del diputado del PRO, Julián Obiglio, quien rechazó cualquier iniciativa «que permita modificar la identidad legal o física de una persona, sin la estricta supervisión de la justicia» y consideró que «hay otros temas prioritarios para ser cubiertos por las obras sociales». No obstante, la diputada del PRO, Laura Alonso, se diferenció de Obiglio, su par de bancada, al manifestar su respaldo a la iniciativa, y pidió a sus colegas que dejen «sus prejuicios en la puerta de la calle Rivadavia porque se trata de un debate de derechos que afecta a la vida de toda la sociedad». En tanto Federico Pinedo, su par por la Capital Federal, opinó que «es un proyecto malo, que tiene demasiados errores, que se podrían haber corregido en un debate más profundo y menos apasionado. La necesidad de tratar los temas del estado civil de las personas y de la identidad debe darse a través de los jueces».
Para la diputada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, la norma «es un enorme paso hacia la construcción de una sociedad más igualitaria», al afirmar que se trata de «un acto de justicia para construir una sociedad mucho mejor».
Al cerrar el debate, el titular del bloque de diputados del oficialismo, Agustín Rossi, afirmó que la sanción de la ley «demuestra que somos una sociedad más tolerante y con menos discriminación» y dijo que la ley de matrimonio igualitario fue «un paso trascendental”.
Desde la UCR, se mostraron a favor de la norma el diputado Juan Tunessi, quien aclaró que «no es cierto que se van a fundir las prepagas. Es una excusa para no reconocer en plenitud sus derechos», en tanto que su par, Silvana Giúdice consideró que se trata de «un avance de la lucha contra la discriminación de las minorías sexuales» y dijo que «es una ley de avanzada».
Tras anticipar el respaldo al proyecto, el diputado del Peronismo Federal, Gustavo Ferrari, pidió modificar algunos artículos y reconoció que su bloque otorgó libertad de conciencia a sus integrantes, al adelantar que «no va a haber una votación unánime» por parte de esa bancada.
La Coalición Cívica, a través de las diputadas Fernanda Reyes y Fernanda Gil Lozano, manifestaron también su respaldo a la norma, al igual que Marcela Rodríguez, hoy alejada de la bancada encabezada por Elisa Carrió.
El debate en particular, se extendió por más de una hora, a raíz de una discusión en torno al artículo 5, sobre la situación de los menores de 18 años, y se acordó establecer que la solicitud del trámite «deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor».
En los fundamentos, la norma hace referencia al caso de Tania Luna, una marplatense de 25 años -quien habiendo nacido varón- la justicia la autorizó en 2008 a cambiar el nombre en su partida de nacimiento y en su DNI, sin exigirle una cirugía de reasignación sexual como requisito previo a la adecuación de la documentación.