El pasado 8 de marzo. Día internacional de la Mujer Trabajadora, tras la movilización y celebración del Primer Paro Internacional de Mujeres, en Plaza de Mayo. La policía de la Ciudad actuó: reprimió, detuvo y torturó a unas 20 personas, en su mayoría mujeres, que se encontraban en las proximidades de la Catedral Metropolitana.
En lo que el Defensor Adjunto del Pueblo, Arturo Pozzali, calificó como “una cacería de brujas”. Se produjeron detenciones arbitrarias una vez concluida la marcha en distintos operativos policiales. Por estos hechos, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), acaba de presentar un dictamen en el que concluye que “se trató de hechos de violencia institucional que deberán ser investigados para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron”, informó el portal Latfem.
Laura Belloqui, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional 59, lleva adelante un expediente que reúne las declaraciones de víctimas y testigos de la represión ocurrida pasadas las 20 horas, en plena desconcentración. Entre ellas, el relato de una de las jóvenes socorrida en hospital Argerich después de recibir cuatro balazos de goma: dos que impactaron en su estómago, uno en la mano y un cuarto en la ingle. También aparece la voz de uno de los detenidos que contó que perdió el conocimiento en la calle por los golpes y las patadas que recibió de los agentes armados.
También, muchas de las mujeres detenidas fueron obligadas a desnudarse, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, recibieron amenazas y agresiones: las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros insultos.
Según el escrito de PROCUVIN, las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares. La mayoría no sabía por qué estaba detenida. Los policías no se lo informaron y tampoco se identificaron ante ellas. Las personas que testimoniaron repiten una escena recurrente para describir el momento de la detención: un grupo de varones de civil que las intercepta y “entrega” a uniformados. “A esta la llevamos”, escuchó otra de las encarceladas antes de que una persona de civil la tirara al piso.
“Los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”, señala el dictamen que lleva la firma del titular del PROCUVIN, Félix Crous, y del fiscal ad hoc a cargo del Área de Violencia Policial, Maximiliano Medina.