Buenos Aires, es una ciudad tres veces más rica que el promedio nacional, pero es a la vez una de las más desiguales en materia habitacional del país. A esta conclusión se llegó, durante la Semana de Arquitectura Popular y Hábitat por Autogestión que se desarrolló en la sede de la Legislatura porteña, los días 21, 22 y 23 de junio. Allí se abordó la problemática habitacional en la Ciudad.
Un balance sobre la Ley 341, sancionada en el año 2000. Normativa que facilita a las familias en situación habitacional precaria, organizadas en cooperativas o asociaciones civiles, accedan a la viviendas mediante créditos reembolsables otorgados a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad, bajo el Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV). Arrojó como resultado que su puesta en marcha resultó insuficiente ante la dimensión del déficit habitacional de la Ciudad. Se construyeron, desde la fecha de vigencia de la Ley hasta el momento, tan sólo 35 edificios, que dieron respuesta a 1000 familias en situación de emergencia habitacional.
Fundación Tejido Urbano
Para el el arquitecto Pablo Roviralta, ex titular hasta el año pasado del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y ahora Presidente de la Fundación Tejido Urbano -una organización que trabaja sobre las problemáticas habitacionales que transitan los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, “la Ley 341 habilita una tercera vía para el acceso a una vivienda, por fuera del Estado y del Mercado”. Al día de hoy, un estudio realizado por esa Fundación arrojó que en la actualidad el 20% de los porteños habita precariamente.
«A esta desigualdad habitacional estructural de nuestra Ciudad, se agrega la manera definida para abordar la reintegración de las villas, una de las manifestaciones del déficit. El Gobierno tomó la decisión de intervenir sólo 5 de los 42 asentamientos informales o villas, lo que supone alcanzar una tercera parte de la población que vive en esa condición. De este modo, creemos que se abre una grieta dentro de los que ya viven desintegrados; dos terceras partes se ven excluidos de esta decisión gubernamental sin motivos claros ni explicaciones suficientes», señala el profesional, que considera además: «de aquí a que se hayan concluido estas cinco intervenciones (año 2021 aproximadamente), la población en Villas habrá crecido entre un 20 y 30%, es decir, que en términos cuantitativos, nos encontraremos en situación parecida”.
Para este año, 2017 el 30% del presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), fue asignado a la urbanización de tres Villas. Y un 35% a la reparación de complejos habitacionales construidos hace décadas y que se encuentran en muy mal estado. En este sentido Roviralta sostiene:»Para evitar que el Estado siga gastando en edificios que entregó hace cuarenta años, resulta indispensable discutir «los cómo», a la hora de dar respuesta al déficit habitacional. La ley 341 es una excelente experiencia en términos de cooperación público-privado. El Estado brinda financiación y asesoramiento técnico. Las organizaciones todo el resto. Y mientras van construyendo sus obras se desarrollan como organización y su ciudadanía se vuelve más plena».
Finalmente, y en relación a los conceptos vertidos, el profesional, consideró que “debe generarse un fuerte consenso entre todos los actores ligados al hábitat y trabajar en un plan de largo plazo (20 años), con articulación metropolitana y nacional. Y deberían discutirse los «qué», pero también los «cómo», para evitar problemas recurrentes.”
Consejo Económico y Social
Por su parte, Federico Saravia, presidente del Consejo Económico y Social (CESBA) porteño llamó a que se respete el derecho de acceder a una vivienda. Y calificó de alarmante el déficit habitacional que existe en la Ciudad. Y apeló por la aplicación de políticas de Estado que remuevan las principales dificultades del Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV) -creado con la Ley 341 en el año 2000- que, si bien produjo una arquitectura sobria, durable y de bajo costo de mantenimiento, el impacto cuantitativo del mismo resulta insuficiente ante el grave conflicto habitacional que presenta la Ciudad.
Saravia, relató que este problema se ve plasmado en el último informe sociohabitacional elaborado por la organización que dirige. El mismo, señala que el 24 por ciento de las viviendas particulares de la Ciudad se encuentran desocupadas, mientras que 200.000 vecinos viven en villas o asentamientos informales y el 40 por ciento del total de porteños alquila. Tras lo cual señaló: «La Ciudad necesita del esfuerzo conjunto de todos los sectores para aprovechar su potencial de desarrollo en beneficio de los porteños. No tenemos techo pero sí tenemos piso. La Ciudad debe respetar el derecho de acceder a una vivienda».
Informe Previo
En abril de este año, la Comisión de Vivienda del Consejo Económico y Social (CESBA), elaboró el informe: “Acerca de la integración urbanística y social en villas de la Ciudad de Buenos Aires”. En el mismo se analizan los casos de la Villa 31 y 31 bis, Rodrigo Bueno y Villa 20 dejando al descubierto la falta de políticas integrales de vivienda por parte del Estado porteño.
En los tres casos, se plantea la necesidad de discutir las verdaderas implicancias de los procesos de reurbanización, dado que los mismos están vinculados al interés de promover el desarrollo inmobiliario y la mercantilización del suelo en las zonas en donde se emplazan, que son áreas insertas en procesos de renovación y/o revalorización urbana más amplios. Entre ellos, se enumeran los casos de La Villa Olímpica en terrenos aledaños a la Villa 20, la Autopista Ribereña en las inmediaciones de la Villa 31 y 31 Bis y el emprendimiento de Solares Santa María a cargo de IRSA en los predios lindantes a la Villa Rodrigo Bueno.
El informe se compone de tres grandes ejes:
1. Las villas de la Ciudad en el marco de la institucionalidad pública entre el periodo 2008-2016.
2. Los programas de urbanización de villas que fueron implementados entre los años 2008 y 2015, poniendo énfasis en la Villa 19-Barrio INTA y Los Piletones.
3. Un análisis de los procesos de urbanización que se impulsan en la actualidad (2016) en las Villas 31-31 Bis, Rodrigo Bueno y Villa 20.
En este sentido, el estudio señala algunos aspectos en torno a posibilitar una reurbanización real de las villas, entre los cuales expresa la importancia de abordar la urbanización de las villas en el contexto de una política integral de vivienda y de múltiples intervenciones en el tejido formal; incluir y contemplar la dinámica organizativa del barrio, abriendo los espacios de gestión participativa necesarios en todas las etapas del proceso; rehabilitación de las viviendas con el fin de garantizar su habitabilidad y evitar el hacinamiento; evitar el desalojo así como la expulsión de población fuera de los barrios; garantizar la función social de los terrenos y las viviendas a los fines de resguardarlos de intereses especulativos; y elevar la cantidad de inquilinos y sus condiciones de vida e incluirlos en el proceso de reurbanización garantizando el acceso a una vivienda y hábitat digno.