Entre el 13 y el 18 de diciembre los jubilados y pensionados, junto a las organizaciones gremiales, sociales, territoriales, ganaron la calle. Lo hicieron frente al Congreso Nacional para decirles a los legisladores que la que la jubilación “no es una dádiva ni subsidio, es el producto de 30 o más años aportes y de trabajo. Lo hicieron, en multitudinarias movilizaciones populares en todo el país para rechazar este proyecto de ley de reforma previsional, que finalmente resultó aprobado en la madrugada del 19 de diciembre, tras horas de represión, cacería policial y cacerolazos.
El proyecto aprobado por la mayoría de los diputados del oficialismo, con la venia de algunos gobernadores es inconstitucional. El margen de esta votación fue escaso: 127 votos a favor y 117 en contra, dos abstenciones y nueve diputados ausentes a la hora de votar. Cómo en las peores épocas de nuestro país, las directivas del Fondo Monetario Internacional (FMI ) fueron cumplidas a rajatabla. Siempre en detrimento de los más humildes y a favor de los organismos internacionales representantes del poder económico mundial y nacional. La previsión social, una de las principales reivindicaciones de la clase trabajadora, se vio nuevamente avasallada por intereses espurios. El ajuste, que se aplicará a partir de la puesta en marcha de esta ley, reduce 100.000 millones de pesos en el año 2018 los haberes jubilatorios, asignaciones universales por hijo, pensiones no contributivas de discapacitados y otros subsidios a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El movimiento popular salió a la calle para expresar su descontento y para solidarizarse con los jubilados. Una protesta totalmente valida y constitucional, que desato una represión feroz por parte de las fuerzas de seguridad que descontroladas arremetieron contra personas mayores, niños, mujeres y hombres, dejando el lamentable saldo de más de 100 heridos y un anciano fallecido.
Hoy miércoles, 20 de diciembre los jubilados brindaron simbólicamente con pan y agua. Pero, si de algo están seguros es que la lucha no terminó el 19 de diciembre. Al contrario, se redobló y sigue aspirando, como siempre a mejorar la calidad de vida de todas las personas jubiladas o pensionadas, a través de leyes justas, equitativas y solidarias. La participación en este brindis fue muy representativa, hubo delegados y trabajadores activos y jubilados de organizaciones sindicales: docentes, prensa, bancarios, portuarios, judiciales transporte, telefónicos, ATE y ATE Pami, FETERA, organizaciones de jubilados, sociales, territoriales, MOI, Abuelos del Francés, Salvador Herrera, MTL, derechos humanos, políticas, trabajadores y jubilados en forma personal. también estuvieron presentes el secretario general, secretario adjunto y dirigentes de la CTA Nacional, el secretario general y dirigentes de CTA Capital, el Defensor del pueblo de la Tercera edad de la CABA y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Todos ellos coincidieron en rechazar la ley que se acaba de aprobar el Congreso nacional y repudiaron la violenta la represión.
Desde hace tiempo, tanto en este gobierno, como en el anterior, el haber mínimo que percibe un jubilado apenas cubre el 40% de la Canasta Básica del Adulto Mayor, habiendo un constante deterioro en la atención de la salud del INSSJP(PAMI), como también en otras obras sociales sindicales.
«La ley aprobada el lunes 18 de diciembre forma parte de un plan global del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y de los organismos internacionales al servicio de los grandes grupos económicos dominantes. Con el argumento de que los logros científicos que prolongan la vida humana, son incompatibles con las finanzas y economías estatales del sistema capitalista, el FMI ordenó a los gobiernos regionales disminuir la actualización semestral de los haberes jubilatorios en relación a los salarios, al tiempo que pidió aumentar la edad para jubilarse y sustituir la responsabilidad del Estado por un sistema de capitalización privada, cuyas nefastas consecuencias ya las hemos vivido con las AFJP», señalan desde la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Organización que brega por el tratamiento de tres proyectos de leyes, que perdieron estado parlamentario: Nueva ley previsional que garantice el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función; un haber jubilatorio mínimo no inferior a la canasta básica; la creación de un Instituto Nacional de Previsión Social, entidad de carácter público no estatal administrada por representantes de trabajadores activos y jubilados y la participación del Estado; Ley de Normalización del PAMI poniendo fin a la intervención; Ley de Vivienda en comodato para jubilados y pensionados.