En un comunicado de prensa, Adolfo Pérez Esquivel, cuestionó al Gobierno Nacional por apurar la sanción esta Ley Antiterrorista, a la que califica de “antidemocrática”. Aseverando que esta actitud “tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles».
Pérez Esquivel, considera que la Ley Antiterrorista adolece de claridad y advierte que podría ser usada para impedir los reclamos sociales, “de manera que podrían ser acusados de terroristas, tanto los indígenas que luchan el derecho a sus tierras, como los obreros que reclaman por sus derechos laborales”. También observa que “en la ley no se dice una palabra sobre el terrorismo económico. No se especifica quien o quienes pueden ser considerados terroristas. Ni con qué parámetros se determinará que atentan contra la seguridad del pueblo”. Asegurando que “esta ley viola los derechos humanos de la persona y de los pueblos, y guarda una estrecha semejanza a las leyes de punto final y obediencia debida”.
«¿Por qué se trata de sancionar este tipo de leyes, con tanto apuro y sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas?” se pregunta Pérez Esquivel, y reflexiona: «El país vivió actos terroristas de diversos tipos: terrorismo de Estado a través de las dictaduras militares; atentados terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel; y el terrorismo económico de 2001 y 2002, que postraron y saquearon el país con total impunidad».
Por último, el Premio Novel de la Paz 1983, advierte «existe una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EE.UU y Europa de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivos. Los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos».