A través de un comunicado de prensa, trabajadores, trabajadoras, docentes y referentes de Orquestas y Ensambles Infantiles y Juveniles denunciaron que el actual Secretario de Cultura, Pablo Avelluto, a vaciado a nivel presupuestario, ideológico, pedagógico y artístico el Programa Social Andrés Chazarreta, creado e impulsado por Rolando Goldman cómo política cultural de Estado en el año 2006 desde la Dirección Nacional de Artes (eliminada por la gestión Cambiemos), promoviendo hasta 2017 la formación de 31 agrupaciones en todo el país.
Denuncian también la persecución y el despido compañerxs de este programa en 2016, señalados como «ñoquis» por la actual gestión. Denucian que en diciembre de 2017 se despide al Coordinador Eduardo Tacconi, sin causa ni justificación alguna, y se procede a desmembrar el equipo y desarticular el Programa Social Andrés Chazarreta fusionándolo con el programa de orquestas infanto juveniles, e intentando modificar los lineamientos generales de organización y los objetivos en materia pedagógica y artística. Denuncian los cargos de “referentes regionales” ocupados a partir de este desplazamiento lo ocupan músicos residentes en Buenos Aires en lugar de directores de orquestas de cada región. Denuncian que el presupuesto para el funcionamiento de este es de cero pesos, obligando a cada orquesta a autofinanciarse para dar continuidad al proyecto. Denuncian que de discontinuó el desarrollo de la Biblioteca virtual de contenidos musicales y pedagógicos. Denuncian la desarticulación del equipo de capacitación pedagógica y la privatización las capacitaciones de dirección orquestal, que pasó a estar a cargo de la UCA (Universidad Católica Argentina), proponiendo un modelo sustentado en “meritocracia” como lineamiento, generando concursos con premios para la orquesta ganadora y buscando los “niños ejemplo” del esfuerzo y la dedicación, en las antípodas del espíritu del programa que antepone la inclusión y lo colectivo por sobre la individualidad y el éxito. Denuncian que todo este nuevo entramado intenta imponer la política de datos biométricos planteada por el Ministerio de Modernización a los trabajadores en territorio, a efecto de modificar sus condiciones de trabajo histórica, generando tensiones absurdas y contraproducentes para el desarrollo de los proyectos orquestales.