La Legislatura porteña debatirá mañana, en una sesión mixta -presencial y virtual- un proyecto del Ejecutivo de la Ciudad que propone que el Consejo de la Magistratura local administre los recursos económicos del Poder Judicial.
La iniciativa, remitida hace diez días al Parlamento porteño por Horacio Rodríguez Larreta, forma parte del temario previsto para la sesión que se desarrollará mañana a partir de las 11 en el salón Dorado de la sede legislativa porteña, debido al protocolo de distanciamiento físico dispuesto ante la pandemia de coronavirus.
En la actualidad el Consejo de la Magistratura,a través de la Oficina de Administración y Financiera, controla su presupuesto anual. Mientras que el Ministerio Público, que nuclea a la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General, tiene una administración autárquica.
La propuesta apunta a cambiar este esquema con la creación, dentro de la órbita de la Magistratura, de una Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, que pasará a manejar la ejecución presupuestaria de toda la estructura de la la Justicia, a excepción del Tribunal Superior, el máximo a nivel local.
Para eso, la iniciativa establece que un nuevo secretario será designado por los consejeros, con respaldo de la Legislatura y tendrá un mandato de siete años.
De acuerdo con sus funciones, el secretario podrá disponer de las contrataciones de bienes y servicios, la liquidación de sueldos y la ampliación o supresión de cargos dentro de la Justicia.
Según fuentes que intervinieron en la redacción del proyecto, se busca «generar una administración centralizada porque es bastante ineficiente hoy por hoy y para mejorar la operatividad de los gastos, sobre todo en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus».
También, destacaron que «la dispersión de los gastos» entre las distintas estructuras impide el control de los recursos económicos, con lo cual apuestan a que la nueva Secretaría centralice la ejecución de las partidas presupuestarias.
Sin embargo, desde la oposición porteña plantearon posturas disidentes al proyecto en cuestión y alertaron sobre la «concentración de poder» que pasará a tener la persona que quede al frente de la Secretaría de Administración General.
A su vez, el proyecto tiene un segundo capítulo que incorpora nuevas atribuciones a las autoridades del Ministerio Público de la Ciudad en lo relacionado con las medidas disciplinarias que pueden recaer sobre los funcionarios y empleados.
A las actuales sanciones de prevención, apercibimiento y suspensión, se agregan la cesantía y la exoneración, lo que motivó un rechazo de parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad, que calificó la reforma de «regresiva» y de «dejar sin garantía de defensa a los trabajadores».