Centrado en las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, dio cuenta el cuerpo legislativo del informe de gestión ejecutiva en la Ciudad. La oposición calificó la exposición que el funcionario desplegó en la jornada del martes 4 de agosto como «superficial», por lo que exigió respuestas sobre la compra de barbijos «con sobreprecios» y buscó aclaraciones sobre la causa de espionaje ilegal que salpica a agentes de la policía local.
«Nos encontramos una vez más, este año en un contexto diferente: esta primera mitad del año nos tocó enfrentar una pandemia y hoy estamos trabajando en la salida», destacó el funcionario en el recinto legislativo, al iniciar el repaso de los ejes que cada área de gobierno implementó para evitar contagios de Covid-19.
En ese marco, agradeció que «todos los espacios políticos» estén «trabajando juntos más allá de las diferencias» y destacó la labor «coordinada con el Gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires» en el contexto del aislamiento y destacó la activación del Plan DetectAR, que consiste en una búsqueda, recorriendo casa por casa, para identificar casos sospechosos.
«Hay que tener siempre presente que el virus está circulando. Por eso es tan importante cumplir al máximo con las medidas de prevención y cuidado», dijo.
A modo de anuncios, el funcionario informó sobre la implementación de un programa de apoyo al personal docente y no docente de 180 jardines maternales; así como la proyección de intervenciones en los parques y plazas, a través de demarcaciones en las superficies, para facilitar las reuniones al aire libre garantizando la distancia física.
Y adelantó que a partir del 28 de agosto será obligatorio el uso del TelePase en todas las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires como una «medida prioritariamente sanitaria que apunta a reducir los riesgos de contagio en las cabinas de peaje».
En materia económica, Miguel contó que en los primeros cuatro meses de la pandemia la recaudación bajó un 24%; mientras que reconoció que «la situación absolutamente extraordinaria y excepcional» que atraviesa el distrito llevó a «necesitar con urgencia insumos críticos y de altísima demanda en todo el mundo, muchos de los cuales no se producen en nuestro país o no tienen precios de referencia».
«Esto nos obligó a contactar con proveedores que no son habituales del Gobierno de la Ciudad para garantizar que los trabajadores esenciales tengan todo lo que necesitan para cuidarse y cuidar la salud de los vecinos», dijo.
Sobre el sistema de compras y contrataciones de insumos, justamente, fue sobre el cual preguntaron los distintos bloques que integran el arco opositor para saber qué ocurrió con la compra de barbijos, a un precio mayor que el de mercado; así como indagaron por la adquisición de test mediante una contratación directa.
«El discurso de Felipe Miguel fue muy general y superficial, puros enunciados y ninguna respuesta. Le falta el respeto a los legisladores y legisladoras, pero sobre todo a los porteños y porteñas. No pudo responder seriamente ni de forma detallada ninguna de las preguntas que hicimos», aseguraron desde el bloque del Frente de Todos (FdT).
El legislador del FdT Leandro Santoro remarcó que «en plena pandemia se compraron barbijos con sobreprecios, que estaban vencidos» y aseguró que quien llevó adelante la oferta del insumo sanitario «fue el empresario Ignacio Sáenz Valiente que, entre otras cosas, es socio comercial del hermano de Felipe Miguel».
En ese mismo sentido, el diputado del Partido Obrero Gabriel Solano protestó porque en el informe ofrecido, el funcionario «eludió la responsabilidad sobre los hechos de corrupción que alcanzan al sector más íntimo» del jefe de Gabinete, y también lo desafió a recorrer los hospitales para constatar el estado del sistema de salud porteño.
En otro tramo de la ronda de consultas, la diputada del FdT Victoria Montenegro acusó al jefe de ministros de «mentir» el año pasado, durante la anterior exposición en la Legislatura, cuando negó que cinco agentes de la Policía de la Ciudad se hayan desempeñado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el mandato presidencial de Mauricio Macri.
«El personal no estaba afectado a las funciones de la AFI, esa fue su respuesta del año pasado a mi consulta», relató la legisladora y aseguró: «Usted nos mintió y les mintió a todos los ciudadanos y ciudadanas. Es vergonzoso y escandaloso porque quedó confirmada la participación de esos cinco policías en tareas de inteligencia».
En respuesta, Miguel dijo que «por la ley de Inteligencia, toda jurisdicción tiene que ceder agentes si son solicitados por la AFI y ello contempla la confidencialidad de las tareas que realizan los agentes, es decir, que no podíamos saber qué trabajos se les asignaron a los efectivos».
«Están preocupados por nuestras políticas de seguridad, pero la Ciudad es un faro republicano. No se trata de cubrir a nadie. No necesitamos impunidad, necesitamos que las instituciones funcionen. Los hechos que no son claros, son investigados y se esclarecen», expresó el legislador oficialista Claudio Cingolani en defensa del funcionario.
Y el socialista Roy Cortina, integrante del bloque del oficialismo Vamos Juntos, dijo entender «la preocupación de los bloques» por los procedimientos de control de proveedores no habituales, no obstante que aclaró que «el tema está siendo investigado por la Justicia y esperaremos su respuesta».