La vida y la salud de las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina «estarán en riesgo» mientras sigan existiendo «graves» restricciones al acceso al aborto legal, advirtió hoy Human Rights Watch (HRW) en un informe donde instó al presidente Alberto Fernández a presentar el proyecto de legalización y pidió que el Congreso lo apruebe.
«Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina» es el título del documento de 86 página que elaboró la organización internacional en base a 30 testimonios de mujeres y niñas que intentaron acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, y a profesionales de la salud, abogadas y activistas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
El objetivo del trabajo fue analizar las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley de 2018 que habría despenalizado completamente el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, explicaron referentes de HRW en una conferencia virtual desde Washington.
Desde ese rechazo en la Cámara alta, «miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Y resaltó que la pandemia por coronavirus y el aislamiento «han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva», al tiempo que subrayó que «ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca».
En el informe se recordó que en mayo último, Argentina se sumó a decenas de otros gobiernos del mundo que firmaron una declaración orientada a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta con perspectiva de género ante la pandemia de Covid-19.
A continuación, se realizaron recomendaciones a los gobiernos nacional, de las provincias, al Congreso y a las legislaturas de las 24 jurisdicciones del país.
Por ejemplo, solicitan a las autoridades de San Luis y Mendoza que deroguen las normas que prohíben la venta de misoprostol en farmacias, el medicamento aprobado por la Organización Mundial de la Salud para acceder al aborto seguro.
«Se debe asegurar que el aborto sea tratado como un servicio médico esencial y urgente mientras se prolongue la pandemia y garantizar la prestación de los servicios, bienes e información sobre salud sexual y reproductiva de manera oportuna, incluyendo en las provincias y los municipios», aseveró la ONG.
Por su parte, Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de HRW, dijo a Télam que «basándose en argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, el informe insta al presidente Alberto Fernández a que presente el proyecto de ley para legalizar el aborto que prometió enviar al Congreso».
La directiva enumeró los principales obstáculos que documentaron, entre ellos la falta de información pública sobre las circunstancias en que el aborto está permitido «particularmente en casos» en que corre peligro la salud.
También, barreras «ilegales impuestas» por los centros de salud, como requerir que los padres, parejas o autoridades judiciales o de protección infantil lo autoricen, o solicitar informes policiales o una orden judicial para proceder a la práctica cuando la mujer fue violada, o períodos de espera «arbitrarios impuestos por los centros de salud».
En Argentina se aplica desde hace casi un siglo un modelo de causales establecido en el artículo 86 del Código Penal de 1921, que criminaliza el aborto en casi todos los supuestos, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo.
En todos los demás casos el aborto es ilegal y punible con hasta 15 años de cárcel. La pena para quienes tengan abortos autoinducidos o den su consentimiento a esta práctica es de hasta cuatro años de prisión.
Quienes fueron entrevistadas para el informe señalaron que «la estigmatización y el temor» a las consecuencias legales, incluyendo posibles acciones penales, «disuaden a personas gestantes de intentar obtener abortos legales, y a los profesionales de la salud de brindarlos, incluso cuando se reúnen los requisitos previstos en el artículo 86 del Código Penal».
Mujeres que intentaron acceder al derecho contaron sobre «actos crueles y humillantes» por parte de profesionales de la salud, así como situaciones en que les negaron el acceso a servicios de salud después de un aborto o violaron la confidencialidad médica en centros de salud.
Sus testimonios están en primera persona en el documento, que además identificó cómo varía la posibilidad de acceder al derecho según el lugar del país donde se viva y la situación económica.
«La criminalización del aborto no impide la interrupción de embarazos no deseados. En cambio, obliga a las personas gestantes a intentar obtener abortos por fuera del ámbito de la regulación estatal, muchos de los cuales se practican de manera insegura», concluyó HRW.
Y resaltó que «muchas personas gestantes, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales, recurren al aborto autoinducido o solicitan la asistencia de profesionales de la salud que no están capacitados para proveerlo. Los abortos inseguros pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, e incluso la muerte».
Según datos de 2018 del Ministerio de Salud de la Nación, hubo 35 muertes causadas por aborto en el país.
Las estadísticas oficiales completas más recientes, de 2016, incluyeron a 39.025 mujeres y niñas que ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos, y el 16 % tenían entre 10 y 19 años.
Al inaugurar el período de sesiones en el Congreso, el Presidente anunció que enviaría un proyecto para legalizar el aborto y en sucesivas declaraciones a la prensa aclaró que esa decisión está demorada por la pandemia.