En la sesión del jueves 8 de octubre, la Legislatura porteña dio el primer paso para permitir la construcción de un «barrio náutico» en terrenos públicos de la Costanera Norte, entre otros convenios urbanístico denunciados por ediles de la oposición. Elevadas al cuerpo parlamentario por el titular del Ejecutivo porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estas iniciativas fueron aprobadas por el oficialismo con la venia de les ediles que responden a Losteau, a Elisa Carrió y al socialismo representado por el diputado Roy Cortinas. La franja opositora integrada por el Frente de Todos y la Izquierda votaron en contra y calificaron a la normativa aprobada como «un capítulo más» de la «privatización» de tierras públicas, un fenómeno que según estimaciones ya supuso la venta de al menos 150 hectáreas desde que el macrismo asumió el gobierno de la Ciudad.
Este dato se desprende de estudio distribuido por el Equipo de Política Urbana que conduce el diputado Matías Barroetaveña (Frente de Todos), que arriba a esta cifra calculando solamente las ventas aprobadas por la Legislatura porteña. Existen otras estimaciones que duplican o triplican esas 150 hectáreas. Es el caso de un estudio elaborado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, donde se estima en más de 400 las hectáreas han sido enajenadas desde 2009. Un territorio superior a todo el espacio verde público de la Ciudad.
Para dimensionar la extensión de las tierras públicas puestas en manos de la especulación inmobiliaria, basta señalar que las superficie total del barrio de San Telmo es equiparable a las 150 hectáreas que señala el informe. Sin embargo, si se tiene en cuenta las 70 hectáreas de terrenos públicos vendidos por el Ejecutivo nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, la superficie es mayor que la de ese tradicional barrio.
Las 159 hectáreas que se mencionan en el estudio son producto de más de 11 años de ventas de terrenos vacantes o inmuebles consolidados, que incluyen edificios de oficinas y departamentos de 2 o 3 ambientes que, según la oposición, podrían haber sido destinados a paliar la crisis habitacional de la Ciudad.
Si bien se trata de terrenos de diversas dimensiones y locaciones dispersas en todo el territorio, la superficie estimada lleva a pensar que el Gobierno de la Ciudad contó con una cantidad de suelo que habría podido destinar a edificar 35.948 viviendas de 50 m2 promedio.
En cambio, si se las considera como una sola unidad de 150 hectáreas que se destinaban a espacios verdes, hubiera significado un aumento del 40% en esa materia.
Saliendo de las unidades de pequeñas dimensiones y considerando grandes terrenos que pasaron a manos privadas se cuentan los de la conocida Villa Olímpica en el barrio de Lugano, que incluía los del ex-parque de la Ciudad, para el desarrollo residencial y de otros usos complementarios.
Según el Equipo de Política Urbana, el proyecto «evidenciaba una operatoria que luego sería imitada en varios proyectos, donde se generaba alguna iniciativa de interés general, como era la Villa Olímpica, en un sector relativamente restringido (4,5 ha.) y se enajena para desarrollos urbanísticos privados la mayoría del suelo público existente».
Al respecto, en los últimos días, la diputada Cecilia Segura (Frente de Todos) presentó un pedido de informes en el que afirma que «las viviendas que entregó el Gobierno porteño tienen gravísimas fallas de infraestructura, y por eso todavía hay un edificio entero sin entregar». «No se mudaron todas las personas y las cloacas ya desbordan, en tanto los espacios verdes están tapiados y cerrados, sin posibilidad de acceso. Queda claro que los altos costos de este megaproyecto no se condicen con la calidad de la construcción. Están jugando con el sueño de la casa propia de cientos de familias”, explica el proyecto.