La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) calificó de «anticonstitucional» el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires que establece que solo pueden exigir vacantes en las escuelas públicas las personas que no puedan pagar la educación privada para sus hijos.
Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, dijo que «el TSJ se posiciona en contra de la Constitución de la Ciudad.
El artículo artículo 24 señala de la Carta Magna porteña asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad.
«Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada», sostuvo.
Parodi señaló, también, que «el fallo busca limitar el acceso a la Justicia a las familias que eligen la escuela pública y pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace trece años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021».
«La Ciudad tiene un déficit desde hace ya muchos años de vacantes sobre todo para nivel inicial pero también para algunas zonas de la ciudad en el nivel primario y en el nivel secundario», detalló el dirigente y recordó que «cada año son cerca de 20.000 chicos y chicas que no tienen su vacante en la escuela pública, por lo que muchas familias recurren a la justicia debido a que es un derecho poder elegir a qué escuela mandar a sus hijos».
El fallo del Tribunal Superior de Justicia surge como respuesta en una causa iniciada en 2018, por la madre de un menor de 2 años que no consiguió vacante para su hijo en un establecimiento público de la Ciudad y exigió que ser subsidiada para costear en un jardín privado. La repuesta el Gobierno porteño fue dejar la solicitud «en lista de espera».
Esto motivó la presentación una acción de amparo por parte de la mujer a los fines que la Justicia ordenara al Gobierno de la Ciudad a incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.
La respuesta de la Justicia que se hizo publica esta semana movilizó a amplios sectores de la sociedad y en particular de la comunidad educativa. Para Parodi la resolución del Tribunal Superior de Justicia «hace una interpretación de la Ley Nacional de Educación que establece la obligatoriedad desde los 4 años, por lo cual dice que todos aquellos que no consiguen vacante y puedan pagar tienen que ir a la privada y el Estado garantizar solamente aquellas familias que no lo pueden pagar».