El juez de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Andrés Gallardo, suspendió la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
La medida afecta a terrenos del Barrio Carlos Múgica, el triángulo de Salguero, playones ferroviarios en Villa Crespo y los pertenecientes al ex Mercado de Hacienda, añadieron los informantes.
Se trata de lotes de la Nación que fueron transferidos por el expresidente Mauricio Macri a la CABA en 2018, a cambio de que la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se hiciera cargo del financiamiento de la última etapa de la obra del Paseo del Bajo, como finalmente ocurrió.
En los considerandos del fallo, Gallardo expuso que no se cumplió con las audiencias públicas obligatorias ni con el procedimiento de doble lectura para sancionar esta ley, ordenado por los arts. N° 89 inciso 4 y N° 90 de la Constitución de la Ciudad.
El recurso de amparo había sido presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria – FIUBA (CLIC), IPYPP y la Defensoría de Laburantes.
En este sentido, un informe elaborado por la organización Proyectar Ciudad el año pasado indica que: desde la asunción de Mauricio Macri asumió frente la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, la política de administración del patrimonio público porteño se ha destacado por una notable imprudencia. Los primeros ocho años de mandato del PRO en la Ciudad dejaron un saldo de 40 hectáreas vendidas y otras 100 concesionadas.
Esa sucesión de privatizaciones entre 2008 y 2015 resultó sobrepasada por el desenfrenado proceso de liquidación y disposición de bienes de los cuatro años siguientes. Entre 2016 y 2019, mientras Macri ejerció la Presidencia de la Nación y Rodríguez Larreta, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, la concentración de poder en manos de Cambiemos permitió acelerar el remate de tierras. Entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad, en los últimos cuatro años se vendieron 100 hectáreas y se concesionaron más de 155. Sin mayores limitaciones para la venta de activos, la coordinación de Cambiemos en Nación y Ciudad habilitó, en la mitad de tiempo, rematar más del doble de lo vendido en el período anterior.
Lejos de servir al interés social, este proceso desenfrenado de venta de tierras públicas ha alimentado la voracidad del negocio inmobiliario. A diferencia de lo que había ocurrido con la cesión de las playas ferroviarias durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que permitieron la construcción del complejo Pro.Cre.Ar (en Parque Patricios), las parcelas y edificios liquidados durante la gestión de Cambiemos no fueron destinados a iniciativas de interés público.
En efecto, la política de venta de inmuebles impulsada por Cambiemos tuvo como destino exclusivo la habilitación de negocios privados que no producen beneficios para la Ciudad: edificios de departamentos premium, emprendimientos gastronómicos y hoteleros exclusivos, centros comerciales y oficinas de alta categoría, entre otros.
Como señalan las mencionadas estimaciones sobre disposición de terrenos públicos, la dimensión del negocio inmobiliario en doce años de gestión de Cambiemos (sumando hectáreas vendidas y concesionadas) equivale a 460 manzanas. A modo de referencia, se trata de una superficie similar a la del barrio de Núñez. La influencia de la voracidad especulativa sobre el sector público le ha quitado un barrio entero a la Ciudad.