Lara Andrés, vocera del Observatorio «Ahora que sí nos ven», organización que elabora un informe anual sobre el número de femicidios que ocurren en nuestro país en base a a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, asegura que el 65% de los casos se produjo en los hogares de las víctimas, «ese es el lugar más inseguro para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género».
El primer femicidio ocurrió durante la noche del 1 de enero en el barrio Urbano 41 de la capital riojana, donde Marcos Suasnada, un agente de la Policía local, asesinó a su pareja, Noelia Albornoz, también integrante de esa fuerza de seguridad provincial, y luego se suicidó.
Los dos casos siguientes se registraron el 3 de enero, uno de ellos en la localidad bonaerense de Grand Bourg, donde Mariana Madona (63) fue degollada en medio de una discusión con su hermano, Antonio (72), en la casa donde vivía, ubicada en Luis Vernet al 1100.
El hombre, que había escapado del lugar tras el asesinato, fue aprehendido poco tiempo después durante un operativo cerrojo realizado por la policía, y puesto a disposición del fiscal Martín Viscovich, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 de Malvinas Argentinas.
El mismo día, Gabriela Lencina (43) murió en el Instituto del Quemado de Córdoba luego de agonizar una semana a raíz de las graves lesiones que sufrió tras ser prendida fuego presuntamente por su pareja, Cristian Sebastián Videla (40).
El 5 de enero, Yésica Celina Paredez (22) fue asesinada de varias puñaladas en su casa de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich, y el crimen fue descubierto por policías alertados por un vecino que les informó que había visto a un hombre herido con cortes en el cuello en la calle, que fue trasladado al hospital local José Penna. El sospechoso, identificado como Juan Martínez (23), fue aprehendido mientras se encontraba internado por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Bahía Blanca, a cargo de Fernando Martínez, que determinó que el imputado era pareja de la víctima.
El 7 de enero falleció Anabella Olmos (26) tras permanecer internada una semana luego de que el primer día del año fuera quemada junto a sus cuatro hijas de entre 2 y 8 años, hecho por el cual fue apresada su pareja y padre de las niñas, Cristian Ramírez (40), acusado de haber provocado el incendio con una garrafa en su casa de Moreno.
El mismo día, en la localidad de Timote, partido de Carlos Tejedor, Alicia Rosa Moreno (72) fue asesinada a puñaladas y por el crimen fue detenida su expareja, llamada Rafael Orellana (52), quien intentó suicidarse y quedó internado bajo custodia policial.
Consultada sobre esta problemática en el marco de la pandemia, Andrés manifestó: «Es importante remarcar que estamos aisladas pero no solas», al tiempo que destacó la necesidad de «construir redes de solidaridad».
«Si bien entendemos que es un proceso y que es algo difícil de atravesar, y que la responsabilidad sin dudas es del Estado, que es el que tiene que generar políticas públicas para proteger nuestras vidas, también es importante que desde la sociedad civil podamos trabajar en comprometernos para erradicar las violencias de género».
Esta semana, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” informó entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2020 se produjeron 298 en asesinatos de mujeres en nuestro país. Lo que equivale a 1 femicidio cada 29 horas.
La pandemia no puso freno a la violencia machista: El 65,5% de estos crímenes fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas. El 65,1% ocurrió en la vivienda de la víctima. Al menos 256 niñes perdieron a sus madres. 2 de cada 10 víctimas habían realizado al menos una denuncia y sólo 19 de las 298 tenían medidas de protección, y aún así las asesinaron. Esto se da en un contexto en que el 13% de las víctimas estuvieron desaparecidas previamente y, como sucedió en distintos casos, no se le tomó la denuncia a la familia e incluso se las culpó.
Las consecuencias de la pandemia, el aislamiento obligatorio y la profundización de la crisis económica, incrementó la exposición a vivir situaciones de violencia. Desde que comenzó el ASPO, el 20 de marzo, hasta el 30 de diciembre ocurrieron 217 femicidios. La mayor exposición está dada porque en muchos casos las víctimas se encontraban aisladas en el hogar con su agresor: en el 82,4% de los femicidios el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima, incluida la familia (11,5%). Es fundamental tener en cuenta que la pandemia afectó particularmente a las mujeres y disidencias por trabajar mayormente en condiciones de informalidad y precariedad, escenario que obstaculiza la autonomía económica para salir de un hogar signado por la violencia machista. A su vez, la cuarentena ha dejado en evidencia la desigual distribución de las tareas de cuidado y trabajo doméstico, enraizada en los estereotipos de género.