por Santiago Bachiller*
La presencia de personas en situación de calle (en adelante PSC) es un problema social alarmante, que lamentablemente se verá agravado como consecuencia de la profunda crisis desatada con la pandemia del covid 19. Es necesario establecer un diagnóstico que permita dar cuenta de la magnitud del denominado «sinhogarismo» en el país, así como de contar con una ley nacional que proteja los derechos de las PSC.
En Argentina, el nivel de intervención con PSC es muy dispar. En algunas localidades no existe ningún tipo de dispositivo para estas poblaciones; ciertas ciudades cuentan con diversas modalidades de asistencia básica (por lo general bajo responsabilidad de alguna iglesia); otras metrópolis han logrado un mayor desarrollo en las políticas de atención a las personas en situación de calle, aunque tal afirmación no presupone la consolidación de una red de atención. En determinadas urbes se realizaron censos; no obstante, al basarse en definiciones y metodologías de recuento diferentes, sus datos no siempre son comparables. Lo cierto es que la mayoría de nuestras ciudades carecen de estadísticas fiables. A su vez, no existe una institución capaz de articular y sistematizar la escasa información disponible: el Estado nacional no asumió tal responsabilidad; tampoco contamos con una red de organizaciones de la sociedad civil o de investigadores con capacidad de aportar una perspectiva federal sobre este problema social. No es posible generar políticas exitosas sin contar previamente con información fidedigna sobre la cantidad de gente que padece una situación de calle en nuestro país.
La pandemia del covid 19 producirá un nuevo incremento de PSC, saturando los limitados recursos de atención disponibles, y presionando por la creación de dispositivos en las ciudades que carecen de un sistema de alojamiento. Argentina deberá afrontar tamaños desafíos sin un diagnóstico federal, mientras que los municipios tendrán que encontrar soluciones sin el respaldo de una política nacional (factor que muestra el atraso que llevamos respecto de países limítrofes como Chile o Brasil).
Recientemente se presentó un nuevo proyecto de ley que es digno de elogio pues contempla a quienes están en una situación de riesgo de calle, exige al Estado la elaboración de políticas públicas de vivienda (reservando un porcentaje a las PSC), etc. Es nuestra oportunidad de generar un primer diagnóstico que permita la elaboración de un plan estratégico nacional para erradicar al sinhogarismo.
Evidentemente, los problemas sociales no se resuelven con la sanción de una ley, cuando se trata de los derechos de los sectores subalternos se torna preciso militar no sólo la sanción, sino también la ejecución cotidiana de las leyes. Recordemos que el gobierno de CABA infringe diversos ítems de la Ley 3706; en lo que respecta al diagnóstico, sus conteos sistemáticamente generaron subregistros: no contemplaron a la población en riesgo de calle ni a las PSC que forman parte de la red de alojamiento; las cifras oficiales son muy inferiores a las detectadas por las organizaciones sociales (en el 2019 el gobierno contabilizó 1141 PSC, mientras que el Segundo Censo Popular registró 7251 PSC). Asimismo, en 2008 la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 13956; hasta el presente, no se designaron partidas presupuestarias para su implementación, por lo cual ningún municipio creó programas o dispositivos en base a dicha normativa.
En definitiva, los censos populares evidencian la invisibilización del problema en AMBA, situación que es aún más grave en las demás ciudades del país. Consecuentemente, el primer paso para revertir un problema social que tiende a agravarse, consiste en generar un diagnóstico y una política nacional de promoción de los derechos de las PSC.
* Investigador del CONICET, docente de la Maestría en Políticas Sociales Urbanas (UNTREF).