Organismos de Derechos Humanos difundieron hoy, a través de las redes sociales y plataformas, un documento a 45 años del último golpe de Estado en el que llaman a «democratizar la justicia para construir la Patria de todos», y reclaman al Congreso nacional «sancionar leyes para acelerar las causas» por delitos de lesa humanidad.
«La cabeza misma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, es un magistrado vinculado a ese poder, el Grupo Clarín. Es el juez que intentó beneficiar a los genocidas con el 2×1 y el único que no revirtió su criterio después de esa pretensión de impunidad que fue impedida por el pueblo a fuerza del Pañuelazo nacional. A 45 años del golpe genocida, exigimos democratizar el Poder Judicial para construir la Patria de todos», señalan los organismos en un documento leído de forma coral por sus principales referentes.
De esta forma, Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Giselle Tupper de HIJOS Capital, entre otros, participaron de la lectura de este documento.
La nota lleva la adhesión de Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – H.I.J.O.S. Capital – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza – Asociación Buena Memoria – Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte – Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz – Fundación Memoria Histórica y Social Argentina – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
«El Senado de la Nación tiene otra deuda: la elección del nuevo o nueva Procuradora General. No es posible que al frente del Ministerio Público Fiscal, rol crucial en las investigaciones penales, se encuentre un procurador interino investigado por mal desempeño y partícipe del lawfare», remarcaron.
También deploraron que a «45 años del golpe genocida, la mayoría de los condenados tiene prisión domiciliaria, un beneficio sin controles, o está en libertad por decisión de los jueces, pese a no haber completado sus condenas, sometiendo a sobrevivientes a la revictimización que implica la posibilidad de encontrarse con sus torturadores en cualquier momento», señala el texto en relación al Poder Judicial.
«Este 24 de marzo no hemos convocado a la Plaza de Mayo por la gravedad de la situación epidemiológica. Queremos agradecer a todas las personas que en nuestro país trabajaron incansablemente y lo siguen haciendo para cuidar la vida y la salud como derechos humanos primordiales», apunta en su primer párrafo este documento.
«Estos años que pasaron nos encontraron luchando por Memoria, Verdad y Justicia. Pero seguimos necesitando toda la verdad, que se terminen los pactos de silencio y los genocidas y partícipes digan dónde están los miles de cuerpos desaparecidos. Madres, Abuelas, Familiares, padres, hijas e hijos, compañeras y compañeros, se han ido de esta vida sin saberlo, sin un lugar para llevarles una flor o hacer una despedida. Es un derecho de las familias y de todo el pueblo saber dónde están y obtener justicia», sostuvieron.
Y en ese sentido agregaron: «Son 30.000 personas detenidas-desaparecidas que lucharon por una sociedad justa e inclusiva, la patria socialista, la patria justa, libre y soberana, la liberación nacional y social. Desde militancias provenientes de distintas vertientes ideológicas y políticas del campo popular, lucharon por transformar la realidad. No fueron indiferentes ante lo injusto».
«Una vez recuperada la democracia, en 1985 fueron juzgados los comandantes de las sucesivas Juntas Militares. Más tarde, como pueblo resistimos a las leyes de impunidad y a los indultos. Luchamos por juicio y castigo en las calles, en los tribunales y cortes internacionales. A partir del 2003, cuando el presidente Néstor Kirchner impulsó la nulidad de las leyes de impunidad y se reabrieron las causas, pudimos avanzar en el camino de la Justicia», señalaron.
Los organismos que firmaron esta declaración destacaron la condena de más de mil genocidas y «otros tantos están siendo investigados y muchos llegarán a juicio. Aún resta por conocer una gran cantidad de información».
«La planificación y ejecución del genocidio fue posible porque existió la participación de los sectores de poder concentrado, que fueron cómplices del sistema de terror, colaborando con el disciplinamiento social y encubriendo el plan de exterminio. La cúpula de la Iglesia, los grupos económicos, la corporación judicial, la embajada de Estados Unidos fueron parte del accionar criminal del terrorismo de Estado. 45 años después, casi en su totalidad, siguen impunes», subrayaron.
En ese sentido, indicaron que «hay en curso centenares de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, pero muchos de los Juzgados y tribunales que las tienen a su cargo las dilatan y terminan garantizando así la impunidad de muchos de los responsables. Urge acelerar las causas. Exigimos que la Cámara de Diputados apruebe la ley que ya tiene media sanción del Senado para que los juicios adquieran un ritmo mayor y acorde a los tiempos: el ciclo de la vida lo impone. Hoy, como ayer, queremos juicio y castigo para todos los culpables».
Y al respecto agregaron: «Por eso también exigimos que el Congreso ponga en funcionamiento la comisión bicameral para investigar la participación empresarial en delitos de lesa humanidad».
«En nuestro país -puntualizaron-, todavía hay decenas de presas y presos políticos, víctimas del armado de causas, la persecución y el encarcelamiento arbitrario e ilegal, proceso que instaló el macrismo y que continúa activo en sectores del Poder Judicial».
«Mientras no se democratice ese Poder, quienes cuestionen las políticas de hambre, saqueo y exclusión, quienes defiendan los derechos y la dignidad del pueblo, quedarán a merced de la persecución y el lawfare. Una vez más, exigimos la inmediata libertad y el desprocesamiento de militantes populares y perseguidos y perseguidas políticas. Y llamamos a acabar con esos ‘sótanos de la democracia’ que, en connivencia con un sector de la prensa, hicieron del lawfare su método para hacerse del poder en la Argentina y en Brasil, como casos más emblemáticos», enfatizaron.
En cuanto al expresidente Mauricio Macri, los organismos aseguraron que permitió «el retorno a escena a los negacionistas del genocidio, los defensores de la impunidad, los endeudadores seriales, los enemigos de la clase trabajadora. Pero este pueblo sabe de luchas y resistencia y en cuatro años le dijo no al neoliberalismo. Pudo unirse y recuperar el control del sistema político».
También reclamaron «la erradicación de la violencia institucional» que es «otra de las deudas de la democracia», y llamaron a estar «alertas sobre la persistencia por décadas de las peores prácticas en todas las Fuerzas de Seguridad».
«La Patria Grande, el sueño latinoamericano que comenzó a construirse hace más de 200 años, y que sentimos florecer de la mano de estadistas como Néstor, Lula, Chávez, Cristina, Correa y Evo, sufrió una fuerte derrota en los últimos años», puntualizaron.