En el noveno día consecutivo del paro docente, convocado por los gremios UTE-Ctera, Ademys, Camyp y Sadop, en rechazo al incumplimiento por parte del Gobierno porteño al decreto presidencial que suspendió las clases presenciales por 15 días en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para frenar la suba de contagios de coronavirus, las definiciones sobre la políticas a seguir ante el exponencial aumento de casos sigue siendo un incógnita.
El martes 27 de abril, el titular de cartera de Salud aseguraba que el Gobierno de la Ciudad está dispuesto a dialogar acerca de cómo mejorar el entorno escolar y el traslado, y cómo hacer la presencialidad más segura e insistió también en que “el número de contagios dentro de la escuela, cumpliendo los protocolos, es extremadamente pequeño”.
En el mismo sentido, en declaraciones a la prensa. la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, coincidió en mostrarse dispuesta a revisar de alguna manera la postura asumida por la gestión de la Ciudad y, prácticamente ignorando el riesgo de contagio entre les docentes, Acuña indicó que, “si los que más se contagian son los más grandes, podemos ir pasándolos a ellos a la virtualidad o a la semi-presencialidad, cuidando siempre a los más chicos, a los que menos autonomía tienen para aprender”.
Los gremios docentes insisten en que la presencialidad escolar pone en peligro la vida y la salud de toda la comunidad educativa y consideran que la lucha docente en unidad está salvando vidas. «Con 5 docentes fallecidos, más de 6 mil contagios de estudiantes, docentes y auxiliares, miles de familias aisladas, es imperioso disminuir la circulación de personas en el AMBA. Por ello, frente al negacionismo de un gobierno que actúa desdeñando la salud y la vida en pos de los negocios de unos pocos, la docencia y la comunidad educativa exigen junto al personal de salud la inmediata suspensión de clases presenciales», insisten desde Ademys.
Por su parte, la junta ejecutiva de Ctera analizó ayer la situación en las distintas provincias del país y alertó sobre los contagios de docentes y solicitó una audiencia con el Ministerio de Educación y de Salud de la Nación.
En tanto, desde Sadop continúan adhiriendo al paro, focalizándose en las clases virtuales, luego que ayer difundieron la noticia de otro docente fallecido como consecuencia del agravamiento de su cuadro de Covid-19.
En la tarde de ayer, el juez Guillermo Scheibler intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que el plazo de 24 horas comunique a todos los establecimientos escolares del distrito la sentencia judicial que les obliga a «abstenerse de computar las faltas de los alumnos cuyos padres resolvieran la no concurrencia de sus hijos a las escuelas hasta que no quede saldado el conflicto judicial por la presencialidad escolar».
El cumplimiento de esta orden judicial se hace «bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias en la persona de la Ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad, Soledad Acuña, en su carácter de responsable de máximo nivel de conducción, por el monto de $50.000 por cada día de retardo».
El 19 de abril Scheibler hizo lugar parcialmente al amparo colectivo de padres y madres de estudiantes y ordenó a la gestión porteña «abstenerse de computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos».
También le pidió a la administración porteña que «adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual del colectivo involucrado».
El fallo solicitó adoptar estas medidas «hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la cuestión planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la constitucionalidad del artículo 2º del DNU 241/2021 o hasta el cumplimiento del plazo dispuesto en ese artículo, lo que ocurra primero».