por Mariana Gagliardi*
La histórica audiencia pública por Costa Salguero que se desarrolló entre noviembre de 2020 y enero de este año con más de 7 mil inscriptos, fue un hito en materia de participación y marcó un punto de inflexión en la ciudadanía porteña. Dejando de lado diferencias políticas o partidarias, distintas organizaciones sociales, ambientales, urbanistas y colectivos de arquitectas se organizaron a través de diversas iniciativas para defender las tierras que son de todos y todas las porteñas y preservar los espacios verdes y públicos que nos pertenecen, y que vienen siendo privatizados desde hace años.
El 98% de los expositores y expositoras que se manifestaron en la audiencia rechazaron la venta de la Costanera, la Ciudad desoyó la voz de los y las vecinas y a fines de abril dispuso la prórroga hasta diciembre de la concesión a la empresa Telemetrix después de más de tres décadas de explotación. Actualmente, el canon que se paga por el uso de los predios es de aproximadamente 900 mil pesos y contempla 32 hectáreas donde existen a su vez más de 20 subconcesionarios que explotan distintos emprendimientos.
Pero este hito no es casual: durante la gestión de Mauricio Macri como Jefe de gobierno y luego con Horacio Rodríguez Larreta, se vendieron aproximadamente 150 hectáreas a través de distintas leyes sancionadas por la Legislatura porteña, en la mayoría de los casos irregularmente y hasta sorteando requisitos constitucionales. Para ello, hicieron uso de la mayoría automática que el oficialismo mantuvo hasta fines de 2019, y de esta forma favorecieron la especulación inmobiliaria o a decir verdad, la fomentaron.
Como decíamos, en los últimos años la operatoria del ejecutivo para lograr este objetivo fue clara: generaron diversos proyectos de ley aprobando «convenios urbanísticos» con empresas privadas para habilitar el aumento de la capacidad constructiva, un ejemplo de ello fue lo que sucedió en octubre del 2020 con la iniciativa de construir un edificio en torre en Puerto Madero, a cambio de 2,5 millones de dólares. También se pudo ver con la modificación al código urbanístico que permite reducir los estándares habitacionales, donde se autoriza la construcción de viviendas de menor tamaño y aumenta también las alturas autorizadas para maximizar las ganancias de los desarrolladores privados.
Como si todo esto fuera poco, a inicios del mes de junio, Horacio Rodríguez Larreta envió un proyecto a la Legislatura con la intención de modificar la ley de catastro de la Ciudad, lo que permitiría la construcción de barrios cerrados, clubes náuticos con viviendas y countries, prohibidos actualmente por el Código Urbanístico. Cabe preguntarnos por qué en la misma Ciudad donde más de 7000 porteños y porteñas viven en las calles, donde acceder a una vivienda es cada vez más difícil y se apunta a construir edificios de lujo e inaccesibles para las familias de clase media, se convierte en prioridad la construcción de viviendas suntuosas, que no hacen más que profundizar la desigualdad existente en el distrito con mayores recursos del país.
En definitiva, el caso de Costa Salguero es el ejemplo perfecto de lo que venimos describiendo, donde se sortean todas las disposiciones legales para permitir la construcción de edificios de alto valor con acceso exclusivo al río, privando el derecho a la ciudadanía de poder disfrutar de un espacio público que tanta falta hace en la Ciudad.
El proyecto de iniciativa popular impulsado por las diversas organizaciones y que se expresa a través de la recolección de firmas en todas las comunas de la Ciudad, demuestra el interés real de vecinos y vecinas por más espacios públicos y verdes. A su vez, resignifica el modelo habitacional en la Ciudad y el interés por garantizar el acceso a una vivienda digna, prioridades que debieran ser del Gobierno de la Ciudad.
*Presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.