Durante la sexta jornada de la audiencia en la Legislatura porteña por la rezonificación de la Costanera Sur para habilitar edificios de 45 pisos, especialistas en ambiente, académicos y vecines ratificaron la postura de rechazo al proyecto del oficialismo por considerar que «viola la Constitución» y, sobre todo, perjudicará «al único humedal que tiene la Ciudad de Buenos Aires».
El pronunciamiento en contra se dio durante la audiencia pública que comenzó el 15 de octubre en el Parlamento porteño para escuchar las opiniones de la ciudadanía sobre el convenio urbanístico firmado entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con la empresa IRSA para otorgar nuevas normas urbanas en un predio ribereño de 71 hectáreas donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva Boca Juniors.
En ese marco, los oradores manifestaron su oposición a la iniciativa, al igual que en las anteriores cinco jornadas de la audiencia que se extenderá hasta lunes 8 de noviembre hasta completar los más de 2.500 inscriptos
Diana Feld, vecina porteña, consideró que «los legisladores porteños y el Gobierno de la Ciudad parece que no tienen memoria y no les importa violar los artículos de la Constitución que dicen que las formaciones insulares aledañas a las costas son reservas naturales y los espacios del entorno ribereño son públicos».
«La Constitución de la Ciudad, que cumple 25 años, hace eje en la participación ciudadana y este proyecto viola el espíritu la Constitución», dijo, por su parte, Mabel Sampaolo, vecina de Floresta; en tanto que Emilio Friszman, otro de los oradores, rechazó el convenio que, a su entender, «será recordado como una estafa al pueblo que nuestra ley fundamental no avala ni permite».
Otra de las vecinas, Estela Calvo, se manifestó en contra «del proyecto del barrio privado y de lujo en la Costanera Sur que traerá beneficios exclusivos para pocos inversores y traerá perjuicio para toda la población porque nos privará para siempre del río, traerá problemas climáticos y será un muro que impida los vientos y concentre la humedad».
Por su parte, Luciana Fernández Ravelo, advirtió que «van a construir y cementar sobre parte de un humedal», por lo que evaluó que «es un proyecto indefendible»; en tanto, que la periodista y politóloga Carina López Monja señaló que el convenio «implica un ´ecocidio´ por el impacto ambiental que tiene para el único humedal que tiene la Ciudad»
La licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires y vecina de Villa Ortúzar Noelia Durán afirmó, por su parte, que «no tiene sentido destruir el humedal con fines inmobiliarios que no va a beneficiar al porcentaje de la población que hoy por hoy no tiene vivienda digna o vive en situación de calle».
Daniela Gasparini, del partido Alternativa Ciudadana, dijo que no está de acuerdo «con convertir la poca naturaleza que nos queda, nuestro único humedal porteño, para la especulación inmobiliaria».
En tanto, Magdalena Eggers, integrante del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, aseguró que «esta propuesta carece de evaluación ambiental estratégica, como lo establece la ley 123, ya que se necesita analizar la dimensión ambiental en forma previa a cualquier planificación».
Foto/fuente: Télam