A más de once años del derrumbe del entrepiso del boliche «Beara» del barrio de Palermo que provocó la muerte de las dos jóvenes y les más de 50 heridos, el Tribunal Oral Criminal y Correccional 7 dio inicio este lunes al juicio por responsabilidad penas de los 13 implicados, entre empresarios, funcionarios del Gobierno porteño y policías de la Ciudad, implicados en esa tragedia.
En la madrugada del 10 de septiembre de 2010, en el local Beara de Scalabrini Ortiz 1.638, el grupo «Ráfaga» ofreció un recital y pocos minutos después de finalizar, a las 3.50, el entrepiso en el que se encontraba el sector vip colapsó y se derrumbó sobre la planta baja. Como consecuencia de la caída, murieron aplastadas Ariana Lizarriaga y Paula Provedo, de 21 y 20 años respectivamente, y quedaron con heridas diversas más de 50 personas.
Los empresarios y responsables del boliche: Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess -socios en la firma que explotaba el boliche- están acusados por «homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves».
A su lado, en el banquillo de los acusados, se sientan exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debían controlar el estado del lugar y policías que están acusados de cobrar coimas para permitir las irregularidades, imputados por «cohecho activo en concurso real», derivada del presunto pago de coimas para lograr la habilitación del local.
También deberá afrontar este juicio el exresponsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Diego Farrell, acusado de los delitos de «homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real». Como también los funcionarios porteños Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Isaac Rasdolsky, Carlos Mustapich y Vanesa Berkowski.
Entre los acusados figuran también los policías de la Federal Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, quienes habrían recibido sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños del boliche. En la computadora de Beara, secuestrada por la Justicia, se encontraron registros del pago de «coimas» a los funcionarios públicos y a los policías involucrados.
Vale recordar que el boliche Beara obtuvo su habilitación como bar en 2007 y dos años después sus propietarios pidieron la habilitación como «casa de fiestas privadas» pero el local funcionaba como boliche encubierto y había sido clausurado dos veces antes del derrumbe. Las pericias que se llevaron a cabo tras el derrumbe consignaron que el entrepiso, de unos diez metros de ancho por siete de largo y ubicado a unos diez metros de altura, era de «aluminio y durloc, con partes de madera».
Según los testimonios relevados en el marco de la investigación, cualquiera que pagara 20 pesos de la época podía acceder a Beara y en general la capacidad del boliche, y del entrepiso, se encontraba colmada.
Los integrantes de Ráfaga dijeron en el momento que había mucha gente en el local y que la mayoría saltaba mientras el grupo musical tocaba, aunque algunos testigos señalaron que la propia banda alentaba al público a que lo hiciera.
En la elevación a juicio, el fiscal Andrés Madrea remarcó que «tanto los titulares de la sociedad, sus profesionales empleados y el coorganizador de la noche -así como los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que les compete- han sido quienes tenían el dominio del hecho, toda vez que eran quienes se encontraban en posición de garantes específicos».
«Desde la organización hasta el otorgamiento de la habilitación y su ampliación, desde la explotación como tal al control previo para su uso y su subsistencia como tal, ello, al crear una serie de riesgos relevantes derivados tanto de la edificación defectuosa, hasta de la ejecución de un plan llevado a cabo por actos -activos y omisivos- que llevaron a la provocación del resultado con evidente omisión y desprecio de recaudos de seguridad y de la protección de la salud y de la integridad física de los concurrentes», definió el fiscal al momento de recomendar que se los someta a juicio oral.
Al inicio del proceso legal, el tribunal que juzga a los responsables del derrumbe, rechazó el pedido de las defensas para conceder una probation y suspender el juicio. Pues, las defensas de los tres empresarios responsables de Beara habían propuesto a los jueces que los imputados realicen trabajos comunitarios y ofrezcan una “reparación económica” a fin de no ser juzgados En concreto, ofrecieron 5 millones de pesos para los familiares de Ariana Lizarraga (21) y de Paula Provedo (20), fallecidas en el derrumbe del entrepiso.
“En nuestro país, doce años de juicio ya son más que una condena”, argumentó el abogado de Fliess, Julio Golodny, al solicitar la suspensión del juicio. El letrado señaló que ninguno de los imputados tiene antecedentes, que no cometieron falta alguna en los años subsiguientes al derrumbe, y apeló a la juventud de los tres al momento del siniestro, cuando tenían cerca de treinta años.
Por el contrario, el fiscal Oscar Ciruzzi y los representantes de las querellas, se opusieron con vehemencia al pedido de los imputados cuestionando que hubiera un “conflicto” a resolver, cuando se estaba ante un acto criminal que debe ser juzgado.
Yun, Dobrila y Fliess están acusados por «homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves», además de «cohecho activo en concurso real», derivado del presunto pago de coimas, para lograr la habilitación del local, a policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El juez Alejandro Noceti Achával condujo la audiencia y consultó a todas las partes, incluyendo a los padres de las chicas fallecidas y a una de sus amigas que resultó herida en el derrumbe.
La madre de Provedo, Alicia Tagliaferro, dijo que “está manchado con sangre el dinero que nos están ofreciendo: todos tienen vida, las únicas que no la tienen son Leticia y Ariana”.
Por su parte, la madre de Lizarraga se pronunció en igual sentido, y advirtió que “la oferta de dinero es ofensiva” y mencionó que “a mi hija le quitaron la posibilidad de tener una familia, de tener hijos. Me quitaron la posibilidad de tener entre mis brazos un nieto”.
Escuchadas las partes, por unanimidad, el tribunal rechazó el pedido de probation, aludiendo al artículo 353 del Código de Procedimiento Penal que establece que una vez fijada la fecha de un juicio oral “ningún recurso puede impedir la realización del proceso”.
La jornada de apertura del juicio, además de resolver el pedido de probation, se utilizó para escuchar los distintos pedidos de nulidad que elevaron las defensas privadas y oficiales de los imputados, que el tribunal contestará en la próxima audiencia fijada para este miércoles.