Organizaciones políticas y ambientales advirtieron que el Distrito Joven de la Costanera Norte porteña «no está destinado a resolver los problemas de la juventud», si no a «enmascarar un nuevo negocio inmobiliario». Así lo expresaron vecinos, vecinas y organizaciones sociales y ambientalista durante la audiencia pública sobre este proyecto, impulsado desde la Jefatura de Gobierno.
El coloquio que se inició el viernes 11 de febrero en el palacio Legislativo, en forma presencial y virtual, contó con más de 200 personas inscriptas y se extendió hasta el miércoles de esta semana. La mayoría de las personas que se presentaron a expresar su opinión en esta audiencia manifestaron su disconformidad con la iniciativa. Si bien la audiencia no es vinculante, el Gobierno porteño tiene la obligación de tomar en cuenta las opiniones que allí se presentaron y, en caso de desestimarlas, debe informar el motivo.
Una de las principales críticas fue que el Gobierno de la Ciudad no dio a conocer el «masterplan» en su totalidad, si no solo fragmentos, por lo que no se sabe con precisión cuál será el alcance y el impacto ambiental de las obras de infraestructura y viales planificadas por el Gobierno de la Ciudad para el nuevo distrito.
El «Distrito Joven» es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fue aprobada en la Legislatura en 2018 y abarca cinco sectores de la Costanera Norte, los cuales comienzan en el Parque de la Memoria y finalizan en Costa Salguero, con unos siete kilómetros de extensión, pasando frente al Aeroparque metropolitano.
De acuerdo a lo informado en la audiencia pública por voceros del Ejecutivo local, el plan incluye 73,09 hectáreas, de las cuales 14,1 serán concesionadas y 58,9 se destinarán a «espacios públicos parquizados». En las áreas concesionadas podrán instalarse locales gastronómicos y bailables o espacios para actividades culturales y deportivas, entre otros usos.
Federico Winokur, del Nuevo Mas, dijo que el proyecto Distrito Joven «no está destinado a resolver problemas de la juventud», ya que su nombre busca «enmascarar un negocio nuevo inmobiliario» y advirtió que se trata de un plan que contradice la voluntad popular, por lo cual exigió que «escuchen las movilizaciones que se vienen haciendo desde hace más de un año contra la privatización de la costanera».
Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda, fue otro orador de la jornada, y dijo que el Distrito Joven es «parte de un plan de entrega de la costanera que apunta a un gran negocio inmobiliario», y mencionó, como otras iniciativas que complementan ese objetivo, la rezonificación de Costa Salguero, Punta Carrasco y la ex Ciudad Deportiva.
Además, lamentó que esta audiencia pública es un «trámite administrativo que se va a desoír», ya que, como todas las audiencias convocadas por el Poder Ejecutivo o la Legislatura porteña, no son vinculantes.
Amanda Martín, también legisladora porteña del Frente de Izquierda, advirtió a su turno que la intención del Gobierno de la Ciudad es «hacer un Puerto Madero desde la Costanera Norte a la Costanera Sur, encareciendo así el precio de la vivienda en la ciudad, que ya es inaccesible para todos los trabajadores que ganan menos que la canasta básica de 80.000 pesos, y más aún para los jóvenes, que en su mayoría tienen trabajos precarios».
Luego, afirmó que el «masterplan» Distrito Joven «no se conoce», así como «tampoco se ha informado cuál es el alcance de las obras de infraestructura que se van a hacer. Por lo tanto, el estudio de impacto ambiental no es tal y parece comprado».
En la primera jornada de la audiencia, Gustavo Fernández Protomastro, de la consultora Ecogestionar, presentó brevemente un estudio de impacto ambiental sobre el Distrito Joven, pero no incluyó en él los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, que son parte del proyecto. esta firma fue convocada por el Gobierno porteño para realizar la evaluación ambiental del Distrito Joven.
Rosa Aboy, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, leyó un documento donde ella y sus colegas, aseveran que el estudio de impacto ambiental tiene «múltiples problemas de orden técnico» y advierten que el mismo está «desactualizado», justamente por no incluir Costa Salguero y Punta Carrasco. Además, advirtieron que el nuevo distrito «implica habilitar la construcción de 600.000 metros cuadrados en tierras públicas de la Costanera Norte frente al Río de la Plata».
Por su parte Bárbara Rossen, en representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dijo que en el estudio de impacto ambiental «no se reproduce» el masterplan y «sólo se lo comenta por fragmentos; es decir no se lo analiza como un sistema sino como una sucesión de partes aisladas».
De acuerdo a lo informado por el Gobierno porteño, el proyecto Distrito Joven «prevé un conjunto de obras de infraestructuras civiles, viales, de instalación de mobiliario urbano y el desarrollo de parques y espacios públicos con sus servicios», así como «el desarrollo de circuitos de esparcimiento, actividades culturales y gastronómicas, espacios lúdicos, práctica de deportes y puntos turísticos».
Otra de las críticas fue que el estudio de impacto ambiental excluyó del análisis dos predios que, de acuerdo a lo informado por el propio Gobierno local, son parte del Distrito Joven: Costa Salguero y Punta Carrasco, donde se autorizó la construcción de viviendas, hoteles, comercios y oficinas. Al excluir esos dos predios, que suman 32 hectáreas, el estudio de impacto ambiental solo toma en cuenta los usos de locales gastronómicos y bailables y espacios para actividades culturales y deportivas.
«La evaluación ambiental presentada es parcial, ya que se realiza sólo para cuatro sectores, dejando afuera el sector cinco, Costa Salguero, el más amplio e importante. Si se lo tuviese en consideración, el relevamiento daría cuenta de una capacidad constructiva considerablemente más elevada», advirtieron varias integrantes del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, que leyeron un documento elaborado en conjunto.
Otro cuestionamiento se refirió a lo establecido por la Constitución porteña, según la cual los espacios verdes y públicos de la ribera del Río de la Plata se deben «recuperar e incrementar», por lo tanto, cuando finaliza una concesión a un privado en esa zona, el predio en cuestión debe volver a ser de libre acceso. «La Constitución de la Ciudad establece claramente en su artículo 8 que los terrenos que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación», dijo Nidia Bellene del Colectivo de Arquitectas.
A su turno, la exlegisladora porteña del Frente de Izquierda Mercedes de Mondieta, manifestó su rechazo a «este proyecto de entrega de tierras públicas», que se suma a las «más de 500 has rematadas primero con (Mauricio) Macri y luego con Larreta, al servicio de la especulación inmobiliaria».
Varios participantes también rechazaron el traslado de la escuela pública Indira Gandhi, que funcionaba en un predio cercano al Parque Norte y al Parque de la Memoria, pero que con la construcción del Distrito Joven se presume será llevada a un predio del Barrio 31, en Retiro, lo que es rechazado por la comunidad educativa de este colegio.
Al respecto, Laura Fiumara, quien se presentó como «docente hace 35 años», dijo estar «indignada por el cierre de una escuela modelo para dar lugar a un emprendimiento inmobiliario». Y agregó que «las escuelas no se cierran ni se trasladan, se construyen, se cuidan y se mejoran», y acusó al Gobierno de la Ciudad de «agredir constantemente a la educación pública».