Familias, gremios y docentes de Escuelas Especiales de la ciudad de Buenos Aires se movilizarán hoy hacia la Jefatura de Gobierno, en reclamo por «la restitución del Palacio Ceci a la comunidad sorda» y la reincorporación» de jóvenes con discapacidad mayores de 22 años «que quedaron fuera del sistema educativo» a partir de este ciclo lectivo.
La convocatoria fue realizada por los gremios Ademys y UTE, junto con las familias y docentes de Escuelas Especiales, para concentrar a las 11 en Av. Caseros y La Rioja y marchar desde ahí hacia la Jefatura de Gobierno, ubicada en Uspallata 3160, en el barrio Parque Patricios.
«El gobierno ha decidido el uso del Palacio Ceci para otros fines que no son educativos ni pedagógicos y ha recortado la posibilidad de que los jóvenes con discapacidades puedan seguir teniendo un trayecto educativo y pedagógico de desarrollo, conocimientos vinculados a la autonomía y a lo laboral. Las familias reclaman con mucha angustia la posibilidad de que sus hijos e hijas puedan seguir asistiendo a las escuelas, cosa que el gobierno porteño ha prohibido», explicó a la secretaria general de Ademys y maestra de grado, Mariana Scayola.
Desde Ademys anunciaron, también, el cese de tareas de Educación Especial desde las 10 para poder movilizarse, y denunciaron «la falta de personal, insumos y equipos en todas las escuelas de Educación especial», según añadió la referente gremial.
Por su parte, las familias y docentes expresaron en un comunicado difundido hoy que el Ministerio de Educación porteño «vulnera los derechos de las personas con discapacidad» y «arrebata el histórico edificio- escuela del Palacio Ceci, perteneciente a la comunidad sorda para fines no educativos», ya que proyecta utilizar ese establecimiento del barrio porteño de Villa Devoto como parte de la iniciativa del Distrito del Vino.
También manifestaron que es necesario que «se frenen los egresos» de jóvenes con discapacidad «hasta tanto exista un proyecto educativo» para ellos.
Por último, las familias señalaron que sus peticiones fueron «ignoradas» por las autoridades responsables a pesar de haberse manifestado a través de cartas, petitorios, marchas, festivales, y haber mantenido reuniones con legisladores y diputados, y acudido a la justicia.