El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado hace 28 años en una localidad por una banda vinculada al empresario postal Alfredo Yabrán, conmocionando a la opinión pública de una Argentina que, a finales de los 90, comenzaba a polarizarse en la disputa política entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde.
Cabezas logró fotografiar al enigmático propietario de OCA durante su cobertura veraniega con el periodista Gabriel Michi para Noticias. El dueño del emporio postal solía decir: «Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía». El homicidio ocurrió en el contexto de una intensa disputa política entre el entonces gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, y Carlos Menem, quien era presidente en ese momento. Ambos dirigentes competían por el liderazgo del Partido Justicialista (PJ) y la sucesión presidencial. Menem, en su segundo mandato, aspiraba a un tercero, mientras que el gobernador bonaerense quería acceder a la presidencia. Tras el asesinato de Cabezas, Duhalde afirmó que le habían «tirado un muerto» para obstaculizar su postulación, lo que intensificó su enfrentamiento con Menem a medida que avanzaba la investigación del crimen.
En 1996, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció ante la Cámara de Diputados que Yabrán «lideraba una mafia enquistada en el poder». Mientras tanto, Duhalde lo consideraba «sospechoso» del crimen de Cabezas, mientras que Menem afirmaba que el dueño de OCA era «solo un empresario más». La famosa foto de Yabrán caminando por la playa fue publicada en la revista Noticias en marzo de 1996. La investigación posterior reveló que el empresario consideró la difusión de su imagen como una ofensa intolerable. Tras la publicación, el fotógrafo y su pareja, Cristina Robledo, recibieron amenazas telefónicas. Un año más tarde, un funcionario cercano al entonces intendente de Pinamar, Blas Altieri, le informó a Cabezas que «gente de Yabrán» había indagado sobre su hospedaje durante la temporada.
Un mes antes del crimen, el policía bonaerense Gustavo Prellezo, condenado como autor material del hecho, se reunió con Yabrán en sus oficinas de Carlos Pellegrini al 1100 en Buenos Aires. En la reunión, ‘Don Alfredo’ expresó su deseo de «pasar un verano tranquilo sin fotógrafos ni periodistas», según declaró posteriormente el oficial ante la Justicia.
Sin embargo, ese 23 de enero, el cuerpo de Cabezas apareció adentro del Ford Fiesta quemado con alcohol metílico, en una cava de las afueras de Pinamar. El cadáver tenía sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 alojados en la cavidad craneana. Este asesinato reveló los vínculos entre el gobierno, políticos y empresarios, lo que llevó a la renuncia del entonces ministro de Justicia, Elías Hassan, cinco meses después del crimen. Hassan había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, a quien confió la distribución de la correspondencia de su ministerio.
La cobertura del caso fue tema excluyente para todos los medios del país y la foto del reportero gráfico acompañada con la leyenda «No se olviden de Cabezas» se convirtió en un símbolo de la denuncia contra la impunidad que unió en un mismo reclamo a organizaciones gremiales y organismos de derechos humanos. Varios meses después de la instrucción, el juez federal de Dolores, José Luis Macchi, procesó y dictó prisión preventiva en mayo de 1989 para Yabrán como instigador del crimen. Tras permanecer algunos días en condición de prófugo, el empresario postal se suicidó en un campo de su propiedad ubicado en Entre Ríos, donde cuando permanecía oculto.
Prellezo, quien estaba al servicio de Yabrán, y un grupo de delincuentes conocidos como «Los Horneros», fue quien encabezó la autoría material del crimen. El expolicía bonaerense fue condenado a reclusión perpetua en febrero de 2002, pero sólo pasó tras las rejas 13 años pese a que la sentencia fue ratificada en las máximas instancias judiciales de la provincia y del país. Los otros condenados por este crimen fueron el expolicía Aníbal Luna (condenado a prisión perpetua y en libertad condicional desde 2017); el exjefe de Seguridad de Yabrán, Gregorio Ríos (condenado a perpetua como instigador del hecho y en libertad condicional desde 2008); y el comisario Mario «La Liebre» Gómez (imputado por liberar la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006 tras una decisión de la Cámara de Casación bonaerense). Además fue sentenciado el policía Sergio Cammaratta, quien murió en el penal de Dolores en 2015, sindicado por la Justicia como responsable de haberle hecho «un seguimiento» a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997.
De la banda «Los Horneros», reclutados por Prellezo, fueron desvinculados de la causa José Luis Auge (que recibió condena en el juicio que se hizo en 2004 pero quedó en libertad cuatro años más tarde); y Sergio Gustavo González (sentenciado a prisión perpetua recibió una reducción de la condena y salió de la cárcel en 2006, aunque tiene una causa por drogas radicada en los tribunales de CABA). En tanto qua Horacio Braga, integrante de la Banda, quedó en libertad condicional diez años después del crimen, y a mediados de 2018 cumplió su condena con la Justicia. Mientras que Miguel Retana, sentenciado a prisión perpetua en 2000, murió por una afección originada por el SIDA en la cárcel un año después.