por Lucía Pereyra
Recientemente, un senador Ezequiel Atauche, afín al partido gobernante, expresó su opinión sobre la movilidad jubilatoria, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados. Su declaración insinúa que el sistema previsional argentino está repleto de parches, sugiriendo que necesita una revisión total. Esta afirmación plantea preguntas esenciales sobre las verdaderas intenciones detrás de tales comentarios, así como la situación crítica en la que se encuentran miles de jubilados y pensionados en Argentina.
La agenda oculta
Es fundamental entender que detrás de la declaración del senador libertario se esconde un intento de dilatar la implementación de los incrementos aprobados recientemente. Esta estrategia no solo busca retrasar los aumentos, que en muchos casos son precarios, sino que también avanza la propuesta de privatización del sistema previsional bajo el pretexto de que el modelo actual está agotado… Esta narrativa de «agotamiento» es utilizada como una excusa para desmantelar lo que aún queda de un sistema público y solidario, que ha sido debilitado por políticas previas de recortes y ajustes.
En este sentido, desde la Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados resaltan que esta estrategia representa un peligro inminente para los derechos de los trabajadores jubilados. «Junto a diversas organizaciones sociales, políticas y gremiales, se ha reiterado la necesidad de crear un nuevo sistema previsional de carácter público, de reparto y solidario. Este sistema, administrado por los mismos trabajadores activos y jubilados, con una participación regulada del Estado, es la única forma de garantizar que los derechos de los jubilados sean realmente respetados. Esta propuesta se fundamenta en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, que establece el derecho a una jubilación digna», señalan.
La crisis del sistema previsional actual
Es innegable que el sistema previsional argentino enfrenta severas carencias. Los haberes de los jubilados son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, y esto es el resultado directo de los ajustes implementados por los diferentes gobiernos, tanto locales como por imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un ejemplo que refleja esta problemática se aproxima a las afirmaciones del entonces ministro de economía durante la gestión de Macri, Alfonso Pat Gay, quien afirmaba irónicamente que el gobierno no estaba dispuesto a otorgar «ni un miserable aumento equivalente a una pizza». Esta declaración no solo ilustra la obvia desatención hacia los jubilados, sino que también pone en evidencia la concepción ideológica detrás de estas políticas: la persistente aplicación de medidas de ajuste que benefician al capital concentrado, tanto nacional como transnacional, a expensas del bienestar de la clase trabajadora, en particular de la jubilada. La actual gestión de Milei sigue al pie de la letra la prédica del exministro macrista.
La falta de representación en el Poder Legislativo
El desencanto respecto a la casi totalidad de los legisladores nacionales es palpable. Desde la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, han transcurrido casi siete meses sin que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre su validez constitucional. Este hecho agrava la situación y pone de manifiesto la falta de compromiso genuino de muchos representantes respecto de la defensa de los derechos de los jubilados.
La Ley Bases, aprobada con la complicidad de muchos diputados que se autoproclaman «sensibles» a las necesidades de los jubilados, refuerza la convicción de que la política tradicional, en su mayoría, no representa los intereses reales de esta población. Preguntarse si realmente podemos esperar algo positivo de este panorama legislativo parece ser una pregunta retórica; la realidad indica que la respuesta es negativa.
La defensa de los Derechos como acto de unidad y lucha
«Sin embargo, como trabajadores y trabajadoras, es crucial que mantengamos la fe en nuestras convicciones y en la fuerza de la organización. La cuestión no es solo económica, sino que se trata de una batalla política que debe ser enfrentada con una estrategia clara», afirman desde la Mesa Coordinadora y sentencian: «Ningún derecho debe ser mendigado, sino conquistado a través de la lucha y la unidad».
En este sentido, hacen un llamado a la unidad de todas las organizaciones de jubilados y jubiladas. «Es fundamental que entablemos un debate sobre nuestras legítimas iniciativas políticas, que se alineen con lo que realmente necesitamos y merecemos. Solo a través de un frente común podremos hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre nuestros derechos y avanzar hacia un sistema previsional que realmente garantice una vida digna para aquellos que trabajaron toda su vida», afirman.
Para la Mesa Coordinadora, la construcción de un futuro en el que los derechos de los jubilados estén garantizados no es sólo un objetivo, sino una obligación moral.