En un contexto de creciente tensión política, la reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de movilidad jubilatoria ha desatado un torbellino de reacciones en el ámbito político y social. Esta norma, que había sido aprobada por un amplio consenso en ambas Cámaras del Congreso, se posiciona como un tema crítico en la lucha por los derechos de millones de jubilados y pensionados en Argentina. La situación actual plantea interrogantes sobre la verdadera convicción de los legisladores y la dirección política que tomará el país ante un escenario cada vez más desafiante.
La ley de movilidad jubilatoria, eje central de la discusión, tenía como objetivo garantizar un ajuste periódico de los haberes jubilatorios, asegurando que las pensiones de las y los adultos mayores mantuvieran su poder adquisitivo, a pesar de la inflación. Sin embargo, el veto de Milei ha puesto en riesgo no sólo esta ley, sino la calidad de vida de quienes dependen de estos ingresos para sobrevivir. La estrategia del presidente parece ser un intento de marcar el territorio en un entorno donde los variados actores políticos buscan consolidar su influencia ante un gobierno que, a pesar de su reciente llegada al poder, no escatima esfuerzos por mostrar fuerza.
Los movimientos en el Congreso podrían desatar nuevas tensiones. Las Cámaras tienen la opción de anular el veto, pero ya se vislumbran posibles cambios en las posiciones de aquellos que inicialmente apoyaron la ley. Legisladores de la denominada “oposición dialoguista” (PRO, UCR, HCF) pueden reconsiderar su voto por distintas razones. Algunos argumentan que buscaron hacer un llamado de atención al gobierno, mientras que otros podrían tener intereses adicionales que influencian su decisión. Este vaivén resalta la fragilidad de las alianzas políticas en un momento tan crítico, y pone de manifiesto la incertidumbre que rodea los futuros pasos de estas fuerzas.
La realidad de l@s jubilad@s
La situación es alarmante para muchas personas que se encuentran en la etapa más vulnerable de sus vidas. La combinación del veto a la ley de movilidad con la reducción de la cobertura de medicamentos y servicios médicos por parte del PAMI es un golpe directo a la dignidad de nuestros jubilados. Si bien el gobierno puede justificar sus decisiones económicas con argumentos sobre la austeridad, la verdadera esencia de estas medidas parece ser un desprecio hacia quienes dedicaron sus vidas al trabajo y al progreso del país.
Por su parte, desde la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados se levantan voces en rechazo a estas políticas, denunciando el regreso de medidas de carácter reaccionario y antidemocrático. Las organizaciones de jubilados han convocado a la unidad de diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales, resaltando la necesidad de movilizarse en defensa de los derechos de las personas adultas mayores. La consigna es clara: «NO AL VETO DE MILEI Y MACRI».
Llamado a la acción
Conscientes de la gravedad de la situación, diversas organizaciones están preparando una serie de movilizaciones para hacer sentir su voz. La próxima manifestación, que se llevará a cabo el 4 de septiembre frente al Anexo de Diputados. «El desafío que enfrentamos no es solo de carácter legislativo, sino también moral. La pregunta que se plantea a todos los actores involucrados en este debate es: ¿qué tipo de país queremos construir? ¿Uno que respeta y valora a sus mayores, o uno que los ignora y los deja a merced de condiciones de vida cada vez más precarias?, señalan desde la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilad@s y Pensionad@s.