En la tarde de este miércoles, durante la habitual marcha de jubilados y pensionados frente al Congreso de la Nación, Gerardo Mirkin, miembro del Plenario de Trabajadores Jubilados y jubilado docente de la UBA, se vio gravemente afectado a raíz de la represión desatada por la policía federal. Ataque que le provocó convulsiones hasta quedar inconsciente tirado sobre el pavimento, que sus compañeros pudieran acercarse a asistirlo.
De hecho, las fuerzas de seguridad detuvieron a Oscar, otro jubilado, cuando intentó ayudar a Gerardo. Esta acción, sumada a la demora significativa del SAME en llegar al lugar, exacerbó la situación de emergencia. Según reportes de los testigos, el servicio de emergencias tardó 40 minutos en llegar para trasladar a Gerardo al Hospital Argerich, un retraso que podría haber tenido consecuencias fatales.
En este contexto de violencia y negligencia, es fundamental señalar las responsabilidades. Los involucrados directos en este trágico incidente, incluidos Patricia Bullrich, Javier Milei y Jorge Macri junto con la Policía de la Ciudad, deben ser responsabilizados por poner en riesgo la vida de Gerardo Mirkin, un trabajador jubilado que dedicó su vida a la educación en la Universidad de Buenos Aires.
Además, es crucial exigir que se retiren los cargos injustamente impuestos a Oscar, quien simplemente intentaba brindar ayuda humanitaria a su compañero en un momento de crisis extrema.
Este incidente no solo pone en evidencia la fragilidad de los derechos de los jubilados en Argentina, sino también la urgente necesidad de garantizar la protección y el respeto por la salud y el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad como los jubilados.
Este terrible suceso debiera servir como un llamado de atención sobre la importancia de abordar estos problemas con sensibilidad y responsabilidad. La vida y la dignidad de las personas mayores no pueden ser ignoradas ni sacrificadas en el nombre del orden público.