En el comunicado de esta semana, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilad@s y Pensionad@s de Argentina analiza la propuesta de reforma previsional propuesta por el poder Ejecutivo y las implicaciones de la misma en la clase trabajadora.
«En los últimos días, el clima político y social de Argentina ha tomado un giro inquietante», advierte este organismo. Las manifestaciones vertidas de parte de la administración de Javier Milei sobre su intención de presentar un proyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de reformar el sistema previsional, un tema que toca fibras sensibles en una sociedad ya vulnerable. Según ha trascendido, estas reformas incluyen, entre otros puntos, la elevación de la edad mínima para jubilarse, la reducción o eliminación de las contribuciones patronales y la desafectación de los aportes impositivos actuales.
«Estos cambios, lejos de ser simples ajustes administrativos, representan lo que muchos consideran un severo ataque al sistema de previsión social, con un objetivo claro: preparar el terreno para la privatización del mismo y, de esta forma, beneficiar al sector financiero en detrimento de la clase trabajadora», sostienen desde la Mesa, y aseguran que «la historia nos ha enseñado que las reformas previsionales, especialmente en el contexto de América Latina, no suelen traer consigo los beneficios anunciados por quienes las promueven».
Un claro ejemplo de ello es el colapso del sistema de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) en Argentina durante la década del 90, una experiencia que mancha la memoria colectiva. Asimismo, la situación actual en Chile, donde la privatización del sistema previsional ha sido objeto de múltiples críticas y protestas, pone de relieve el fracaso de un modelo que, lejos de garantizar la seguridad social, ha exacerbado la desigualdad y la precarización laboral.
En un contexto más inmediato, el Gobierno nacional decidió no prorrogar la Moratoria previsional, la cual caduca el próximo 23 de marzo. Según estimaciones, tras la expiración de esta medida, solo tres de cada diez hombres trabajadores y una de cada diez mujeres trabajadoras podrán jubilarse. Este alarmante dato pone de manifiesto la precarización del trabajo en el país y la desprotección a la que se ven expuestos quienes, tras años de esfuerzo, se enfrentan ahora a la incertidumbre de una vejez sin los recursos suficientes para subsistir dignamente.
«Sin embargo, en el discurso oficial, la responsabilidad por esta realidad parece recaer exclusivamente en los trabajadores. El presidente Javier Milei optó por desatender las verdaderas causas del problema: la falta de registro de empleados por parte de los empleadores, el desempleo creciente que impulsa la precarización y la evidente complicidad de un Estado que ha fallado en su deber de actuar como ‘policía del trabajo’. Esta retórica desvirtúa las realidades del mercado laboral y minimiza la responsabilidad que tienen las empresas en la generación de condiciones dignas de trabajo», señala el escrito.
Lo cierto es que la reforma previsional se enmarca, también, dentro de un contexto normativo que tiende a favorecer al empleador. «La reciente Ley Bases, por ejemplo, ha sido criticada por aceptar y ‘premiar’ la violación de las normas laborales mientras reprime de manera inconstitucional las luchas gremiales de trabajadores activos y jubilados. En este sentido, parece que Milei y su administración han decidido otorgar un estatus de ‘héroes’ a quienes, evadiendo responsabilidades legales, contribuyen a la precarización de un sistema laboral ya de por sí frágil», advierte la Mesa, que ante este sombrío panorama declara su firme oposición a este tipo de reforma e insiste en que es imperativo difundir y debatir su propuesta de un sistema previsional basado en principios de carácter público, de reparto, solidario e intergeneracional, administrado y conducido por sus verdaderos dueños: los trabajadores activos y jubilados. «La jubilación no es un subsidio a la vejez ni a la pobreza.
«Es sueldo diferido», afirman con convicción, iluminando una perspectiva que reitera la importancia del trabajo y la dignidad que debe acompañar a la vejez.
Finalmente, el desafío que enfrenta la sociedad argentina es monumental. Un debate profundo y honesto sobre el futuro del sistema previsional es urgente, no sólo para asegurar el bienestar de quienes han trabajado toda su vida, sino también para garantizar una vejez digna en condiciones de justicia social. En este sentido, el papel del Estado no puede ser el de un espectador pasivo, sino el de un garante de derechos, que priorice el bienestar de la ciudadanía por encima de intereses particulares o de sectores financieros. La defensa del sistema previsional es, en última instancia, una defensa de la dignidad del trabajo humano y del futuro de las generaciones venideras. La lucha continúa, y es fundamental que cada voz, especialmente la de los trabajadores, sea escuchada en este crucial momento de la historia argentina.