La Ciudad de Buenos Aires implementó, a partir de 2025, un examen de idoneidad obligatorio para quienes ejercen esta actividad. La medida, además de ser un requisito imprescindible para obtener la matrícula habilitante, tiene como objetivo elevar el estándar de calidad y transparencia en la gestión de los edificios y complejos habitacionales.
En el marco de esta normativa, se habilitaron las primeras mesas examinadoras, convocando a un total de 84 inscriptos. De ellos, 68 aspirantes se presentaron efectivamente para rendir el examen, y 58 lograron superar la prueba, alcanzando un índice de aprobación del 85%.
Para poder presentarse al examen de idoneidad, cada aspirante debe haber completado previamente un curso de formación de 60 horas cátedra en alguna de las instituciones educativas autorizadas por la Ciudad. Si bien este requisito era obligatorio, la incorporación del examen asegura un salto cualitativo al validar la capacidad práctica y el conocimiento teórico de los administradores. En ese sentido, no sólo se formulan preguntas sobre normas jurídicas vigentes, sino también sobre aspectos éticos y administrativos clave para el desempeño efectivo.
La integración de las mesas de examen contó con la participación de funcionarios y técnicos de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, junto con representantes del Registro Público de Administradores de Consorcios (RPAC) de la Ciudad. Pero la estrategia fue más allá: también participaron profesionales y autoridades de instituciones vinculadas como la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (CAPHAI), la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), el Centro Ibero-Americano de Estudios Internacionales e Interdisciplinarios (CIDEII), y la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros.
La colaboración multisectorial asegura pluralidad, actualización y transparencia, garantizando la idoneidad de los aprobados. Desde Vínculo Ciudadano afirman que estas políticas fortalecen la confianza vecinal, protegen sus derechos y garantizan una administración responsable.
Además del nuevo examen y del curso formativo, la regulación establece que los administradores deben entregar a los copropietarios una copia actualizada del reglamento de copropiedad. Este documento es fundamental para la vida consorcial, ya que define elementos tales como los porcentajes que cada unidad debe abonar, tipo y uso de los espacios comunes, cantidad mínima de asambleas anuales y mecanismos para solicitar asambleas extraordinarias. La transparencia en estos puntos disminuye el riesgo de conflictos y contribuye a una convivencia armónica en los edificios.
Simultáneamente, el RPAC publicó un manual de buenas prácticas consorciales, disponible en su web, que clarifica aspectos normativos y contractuales relevantes para vecinos y administradores, facilitando así el control y la mejora de la administración.
Además, la Ciudad exige la presentación de un certificado de reincidencia criminal y otro de juicios universales. Estas certificaciones acreditan que los aspirantes no poseen antecedentes penales o sentencias económicas firmes, estableciendo un filtro que aleja del sector a personas con conflictos legales que podrían afectar su desempeño o generar riesgos para la comunidad.
Esta reglamentación se suma a otras normativas que procuran mayor transparencia y responsabilidad en la función administrativa, un pedido histórico de los consorcistas y un compromiso asumido por las autoridades.
Los conflictos con la administración de consorcios ocupan el segundo lugar en cantidad de denuncias presentadas ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad, un indicador que revela la preocupación que genera este sector en los residentes porteños. Para atender estas inquietudes, la dependencia municipal ofrece asesoramiento a través de diversos canales: la cuenta de Facebook y X (Twitter) @BAconsumidor, la línea telefónica gratuita 147 opción 6, y la atención presencial en los diversos Puntos de Atención Ciudadana (PAC) diseminados por la ciudad.
Estos espacios ofrecen atención en horarios y ubicaciones específicas, facilitando la resolución de consultas y conflictos ciudadanos a través de una atención directa, personalizada y efectiva.
PAC Cruz Malta: Av. Martín García 464, lunes a viernes de 8:30 a 14:30.
PAC (sede comunal 2): Uriburu 1022, lunes a viernes de 8:30 a 14:30.
PAC (sede comunal 4): Av. del Barco Centenera 2906, lunes a viernes de 9 a 14.
PAC (sede comunal 13): Av. Cabildo 3067, lunes a viernes de 16 a 20.
PAC (ss comuna 15): Mujeres de Fraga 4108, lunes a viernes de 9 a 14.