por Silvina Molina
La reglamentación de la ley de Talles porteña, publicada en el Boletín Oficial el último jueves, plantea un cronograma que se extiende hasta 2018 para que las empresas y comercios de indumentaria se adecuen a la norma, lo que «parece tener el objetivo de que nadie se acuerde de que existe la ley», dijo Monique Altschul, presidenta de la ONG `Mujeres en Igualdad`(MEI).
Desde 2007, la organización realiza la campaña «Acceso a la información en el monitoreo de la ley de talles» a través de la cual promueve que se cumplan y apliquen normas que garanticen que se fabriquen y vendan prendas adecuadas a los distintos tipos de cuerpos.
El decreto reglamentario de la ley 3.330 establece que se deberá controlar el cumplimiento progresivo de ley de Talles en porcentajes que varían del 20 o 25% en períodos que van de 4 a 6 años, «por lo que temo que, para entonces, todo el mundo se habrá olvidado de la ley», aseguró a Télam Altschul.
Si se sigue el esquema normativo, que entró en vigencia el 12 de abril, «recién, entre 2016 y 2018, se estaría aplicando realmente la ley, entonces creo que lo que se hace es adecuarse sólo a los tiempos y necesidades de las empresas del sector», agregó.
La normativa establece que los locales de venta, fabricación y provisión de indumentaria deben ofertar, al menos, ocho talles según las normas IRAM 75300, lo que se interpreta como una oferta de talles que van del 36 al 50 «pero la reglamentación no lo aclara», señaló la presidenta de MEI.
En el decreto también se establece que el talle se conforma mediante la combinación de una «medida principal» y una «medida secundaria», lo que para Altschul «es sumamente confuso para el público usuario».
Para que fabricantes e importadores de prendas se adecuen a la legislación según porcentajes progresivos de cumplimiento que deben alcanzarse en los próximos 4 a 6 años, el decreto distingue entre empresas medianas, pequeñas y grandes.
«Es muy difícil hacer cumplir la ley en general porque las inspecciones son insuficientes, y me pregunto si son suficientes los órganos de control para determinar si una firma es pequeña o mediana o grande», explicó la titular de la organización.
Por su parte, Sharon Haywood, presidenta de la ONG `AnyBody Argentina` -con sede central en Gran Bretaña- apoyó que haya una ley «que obliga a que las marcas tengan un rango amplio de talles y creemos que la reglamentación de la Ley 3.330 es un paso adelante».
«Sin embargo -aclaró en diálogo con Télam- nos gustaría ver alguna clarificación sobre cómo se corresponderían la Ley 12.665 de Talles de la provincia de Buenos Aires con la de Capital».
Las dos dirigentes no son optimistas en cuanto al cumplimiento de la ley de Talles, por eso la organización de origen inglés comenzó, en julio de 2011, una campaña para premiar a las empresas que cumplen con la legislación.
Hasta ahora son tres las marcas líderes reconocidas con un sticker de `AnyBody` por contar con los talles adecuados: VER, Portsaid y Yagmour.
Haywood también consideró fundamental contar con un estudio antropométrico que «permitiría establecer normas de talles basadas en los cuerpos reales de las mujeres argentinas».
«Sin ropa normalizada, las marcas pueden seguir ofreciendo un rango de 8 talles chicos o ropa con etiquetas mentirosas sin resolver el problema actual de la falta de talles más grandes», añadió.
El año pasado la organización realizó una encuesta que determinó que el 70% de las mujeres argentinas tiene problemas para conseguir talles y el 92% de las encuestadas dijo conocer a otra mujer que realiza dietas para adelgazar.
Con estos datos, `AnyBody` promueve el cambio cultural en torno de la percepción de la apariencia corporal, considerando esencial la salud física y mental de las mujeres que, muchas veces, se deteriora en busca de un «cuerpo perfecto».
La falta de cumplimiento de leyes antidiscriminatorias -como la de Talles- atenta contra este objetivo.