El asesinato de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, del que mañana se cumplen 16 años, fue cometido al amparo de un montaje político y mediático sobre el que abundan las evidencias.
Los dos jóvenes fueron asesinados el 26 de junio de 2002, durante la represión a una protesta de organizaciones piqueteras en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, donde al menos otros treinta manifestantes sufrieron heridas de bala.
Santillán (21 años) militaba desde 2000 en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Lanús y Kosteki (23) se había sumado hacía pocas semanas al MTD de Guernica, en el sur del Gran Buenos Aires.
Una cámara filmó cuando policías bonaerenses disparaban sobre ellos en la estación Avellaneda del ferrocarril Roca y una secuencia fotográfica mostró el instante anterior y el posterior a que Franchiotti baleara por la espalda a Santillán.
Pese a contar con esas fotografías, los grandes medios se tomaron 48 horas para publicarlas y un día después de los asesinatos el diario Clarín tituló en tapa: «La crisis causó dos nuevas muertes».
Apenas consumado el doble crimen, por su parte, funcionarios del gobierno del presidente Eduardo Duhalde pretendieron adjudicar las muertes a un supuesto enfrentamiento entre piqueteros.
En los días previos, los mismos medios de prensa habían amplificado declaraciones de funcionarios gubernamentales que prometían reprimir con «mano dura» a los manifestantes, si intentaban cortar el Puente Pueyrredón, y denunciaban un supuesto «complot» de «piqueteros sediciosos».
Todo este montaje político y mediático se derrumbó con el material fílmico, fotográfico y las declaraciones de testigos presenciales de la represión a los manifestantes y el asesinato de Kosteki y Santillán.
La indignación en la sociedad y el descrédito gubernamental decidieron pronto a Duhalde a adelantar seis meses el llamado a elecciones presidenciales.
Por esos hechos, en 2005 fueron condenados el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Costa, entre otros efectivos. A 16 años de esta masacre, los familiares de las víctimas, querellantes desde 2002, siguen reclamando que se investigue la participación intelectual en el caso de Duhalde, el entonces gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y Juan José Álvarez, que ejercía como secretario de Seguridad de la Nación, entre otros dirigentes.