La doctora Graciela Christe, Defensora General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se refirió a la asistencia que se brinda a las personas en situación de calle.
Consultada sobre la situación que se registra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de acceso a la vivienda, la magistrada sostuvo que, «la problemática de la vivienda no es exactamente un resorte de las Defensorías ni de los Ministerios Públicos, no son los funcionarios ni las áreas de gobierno que tienen la competencia específica para solucionar. Nosotros acudimos para asistir jurídicamente a quién, por distintos modos de contacto, lo han requerido. Ya sea porque acuden personalmente o mediante relevamientos que realiza la Oficina de Orientación al Habitante para atender a personas que tienen un alto grado de vulnerabilidad. Nuestra intervención se basa, fundamentalmente, en la orientación para que concurran a las distintas dependencias públicas que pueden atender sus déficits en materia de salud, alimentación, educación, etc.
«Nuestra intervención adquiere un rol más activo, a través de los Magistrados del Ministerio Público de la Defensa, cuando entendemos que el caso se plantea como un caso judicial que requiere la interposición de una demanda para que sean los Jueces lo que resuelvan haciendo aplicación de las normas constitucionales. Si esto no se entiende, puede dar lugar a esa especie de latiguillo que utilizan los Gobiernos demandados para afirmar que los Jueces pretenden sustituir a la Administración y que toman decisiones que no les corresponden», añadió la magistrada.
En cuanto a la respuesta que el Gobierno de la Ciudad brinda en materia de acceso a la vivienda, la Magistrada opinó que «en el año 2001 ya existían varios programas asistenciales que atendían las emergencias públicas. Emergencias que siempre se registraron porque siempre han existido infortunios en materia de vivienda. Familias a las que se les incendió sus casas, inundaciones, etc. Estos programas, tuvieron un cauce relativamente adecuado, por ejemplo el programa Nuestras Familias para las personas ‘sin techo’, como se las llamaba en aquel momento pero desde la Defensoría comenzó a hablarse de ‘personas en situación de calle’. Todos estos programas en una segunda instancia mutaron a programas para otorgar subsidios por distintos plazos y montos pero estos montos y plazos resultaban insuficientes porque la atención que demandaban las personas no se relacionaba con hechos fortuitos… estamos hablando de personas con pobreza crítica», y agregó «es muy difícil que a través de un caso concreto se pueda exponer como la condición de los subsidios de corta duración impactan en todo un sector social que no encuentra una solución habitacional. Estas personas carecen de recursos suficientes para aplicar el monto de los subsidios a la refacción de viviendas o al pago de cuotas en créditos hipotecarios».
Consultada sobre si el caso de una mujer que afronta en forma solitaria la crianza de un hijo con discapacidad es representativo de todos los reclamos por acceso a la vivienda en la Ciudad, la funcionaria expresó. “hablamos de sectores de pobreza crítica que deben ser priorizados. Es un tema importante que merece un gran debate público. Los Derechos Humanos tal como fueron pensados desde la Convención de la ONU y pactos internacionales tiene carácter universal, son indivisibles y son interdependientes. Todas las personas tienen derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada para poder aislarse, para poder estar en paz y desarrollar su propio plan de vida. El acceso a la vivienda no se puede nunca asimilar a un cobijo sobre la cabeza o a las alternativas que ha propuesto el Gobierno de la Ciudad mediante los ‘paradores’. Los paradores como su nombre lo indica son solamente para pernoctar – ‘generalmente hay que retirarse por la mañana’ – y en general no admiten familias. Los paradores, a los que la gente denomina ‘amparadores’ porque asimila que mediante acciones de amparo se puede parar allí, son rechazados porque colisionan con el sentido de familia”.
Por último la Defensora aseveró que no descartan la idea de llevar el caso a instancias internacionales “Esperamos -dijo- no tener que llegar a instancias internacionales y espero que la CSJN con la lucidez que tuvo para atender juicios en materia de derechos sociales, lo haga en materia de derecho a la vivienda, interpretando como corresponde en Justicia que la atención de problemas de vivienda a través de medios de carácter contingente no puede ser la respuesta al derecho a la vivienda adecuada tal como se interpreta en los organismos internacionales”.
“Desde la Defensoría de la Ciudad se asiste a un total aproximado de 1.500 personas. La demanda de la gente es real. Es genuina y autentica”, enfatizó Graciela Christe y agregó “es importante resaltar el trastocamiento que significa que los programas destinados a la emergencia hayan sido tomados como la respuesta en materia de acceso a la vivienda. En Brasil existen algunos fallos y se puede decir que allí tanto como acá resulta difícil que los gobiernos brinden respuestas a las demandas por Derechos Sociales. Acá se debe tener en cuenta que existe un elevado grado de subejecución por parte del Gobierno de la Ciudad del presupuesto asignado, por lo menos en los dos últimos ejercicios, para atender problemas a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad”.
Fuente: NoticiasJudiciales.INFO