Diez personas de nacionalidad boliviana, entre ellas cinco menores, que eran sometidos a situaciones de explotación y servidumbre en un taller textil de la Ciudad de Buenos Aires, fueron rescatadas en procedimientos realizados por orden del juez federal Sergio Torres en los que se detuvo a una pareja responsable del local.
Según fuentes judiciales , “la clave para el desbaratamiento de esa organización fue la declaración de un menor que narró que en un taller clandestino regenteado por su hermana mayor y su pareja, lo sometían a situaciones de esclavitud.
El juez Torres, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, ordenó tareas de inteligencia que incluyeron el testimonio de vecinos y permitieron rescatar a quienes estaban trabajando en esas extremas condiciones.
Asimismo, se detuvo a una mujer de 19 años y hermana de una de las víctimas, y a su compañero, de 32. La investigación se inició el sábado último, minutos después de las 15:00, cuando un adolescente se presentó ante un puesto de control vehicular de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales «Cinturón Sur» de Gendarmería Nacional.
Ante los efectivos, el menor contó que en un taller ubicado en la calle José Valle 2879 y avenida Perito Moreno, de Capital Federal, que era regenteado por su propia hermana y su compañero, los obligaban a trabajar de lunes a sábado desde las 7:00 hasta las 22:00, por míseras pagas, reteniéndoles los documentos.
Las tareas de inteligencia ordenadas por Torres incluyeron la recepción de testimonios de vecinos que corroboraron la existencia en el lugar de un «taller de confección de indumentaria».
Para no entorpecer la investigación no se suministraron las identidades de ambos imputados y sólo se confirmó que los menores, que tendrían 15 o 16 años, «quedaron al cuidado de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación».
También se denunciaron «las malas condiciones del lugar allanado, las jornadas extremas de trabajo, la mínima paga consistente fundamentalmente en promesas de pago, el desarraigo familiar con parientes en el país de origen, la falta de personas referentes en Argentina, la retención de la documentación personal de aquellos pocos que la tenían, y la dificultad para salir del lugar donde trabajaban”.
En tanto, el magistrado indagó a la pareja a la que responsabilizó por «reducción a servidumbre», para la que el Código Penal prevé en su artículo 140 sanciones de hasta 15 años de prisión; «trata de personas», con hasta diez años; y «violación al régimen migratorio», indicaron las fuentes. La justicia también secuestró «documentación personal retenida y de asientos comerciales y recibos de compra referidos al funcionamiento del local», dinero en efectivo por 18.500 pesos en moneda local y dólares «presuntamente falsificados» y una camioneta Ford Transit, indicaron las fuentes.